Salta endurece los controles de fuga: qué cambia para los fiscales tras el caso "Conejo" Martínez

La Procuración General de Salta puso en marcha un nuevo mecanismo para que los fiscales penales de toda la provincia evalúen con mayor rigor el riesgo de fuga y el posible entorpecimiento de investigaciones vinculadas con organizaciones criminales.

La medida fue dispuesta por el procurador general Pedro García Castiella a través de la Resolución N.° 1770 y alcanza a los fiscales de toda la provincia. La resolución se conoció en la misma semana en que el exintendente de Aguas Blancas, Carlos "Conejo" Martínez, fue buscado tras una serie de procedimientos en el marco de una causa federal.

Qué deberán tener en cuenta los fiscales

La nueva normativa parte de una premisa: las organizaciones criminales pueden contar con una estructura y recursos que faciliten la evasión de la Justicia o la interferencia en una investigación. Entre los factores que menciona aparecen los recursos económicos, la distribución de funciones, los vínculos entre sus integrantes y las redes de apoyo.

Por eso, los fiscales deberán analizar especialmente:

— el vínculo de la persona investigada con la organización;

— el rol que ocupa dentro de esa estructura;

— los recursos a los que efectivamente puede acceder;

— los mecanismos de apoyo que podrían facilitar una fuga;

— y la posibilidad concreta de interferir en la causa.

La Procuración remarcó que estos elementos no deberán evaluarse de manera automática, sino en función de las circunstancias particulares de cada expediente.

Riesgo para víctimas, testigos y pruebas

Otro de los puntos centrales de la resolución está relacionado con el posible entorpecimiento de las investigaciones. Los fiscales deberán prestar especial atención a la capacidad de una organización para ejercer presiones, amenazas o intimidaciones sobre víctimas y testigos.

También tendrán que analizar si existen posibilidades concretas de influir sobre declaraciones o condicionar la colaboración de personas relacionadas con la causa. La resolución además contempla el riesgo de que integrantes de una estructura criminal utilicen sus contactos o capacidad operativa para ocultar, modificar o destruir pruebas, además de coordinar versiones entre distintas personas investigadas.

Cuándo podrán solicitar prisión preventiva

Cuando existan elementos concretos que permitan acreditar riesgos procesales y otras medidas menos restrictivas no sean suficientes, los fiscales deberán solicitar de manera fundada la prisión preventiva ante el juez competente.

Eso no significa que toda persona investigada por su posible vinculación con una organización criminal deba permanecer detenida. La Procuración aclaró que cada caso tendrá que evaluarse individualmente, considerando la participación de la persona investigada y los riesgos efectivamente demostrados.

Los riesgos deberán revisarse durante toda la investigación

La Resolución 1770 también dispone que la evaluación no termine con una primera decisión judicial. Los fiscales deberán mantener actualizado el análisis de los riesgos procesales a medida que avance una causa y considerar cualquier cambio que pueda modificar la capacidad de una organización para interferir en el proceso.

Además, deberán revisar las decisiones judiciales vinculadas con medidas cautelares y promover impugnaciones cuando consideren que existen fundamentos jurídicos suficientes.

Desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que el objetivo es establecer criterios de actuación que contemplen las características particulares de la criminalidad organizada y evitar que sus estructuras económicas o logísticas sean utilizadas para evadir la acción de la Justicia.