Salta en alerta: la desregulación inmobiliaria que promete bajar precios y enciende las alarmas

La decisión del Gobierno nacional de desregular el mercado inmobiliario generó un fuerte rechazo en Salta. Corredores del sector advierten que la medida podría dejar a los ciudadanos más expuestos a engaños y estafas.

La discusión por la desregulación impulsada por la administración de Javier Milei llegó a la provincia y ya hay voces que cuestionan los cambios. Uno de ellos es Sebastián Ruiz, corredor inmobiliario, quien dialogó con el programa Qué Pasa a la Mañana y explicó por qué la actividad necesita controles.

¿Qué dice el sector sobre la desregulación?

Ruiz sostuvo que la profesión de corredor inmobiliario es una de las "menos regularizadas" y que avanzar con una mayor flexibilización podría dejar a los ciudadanos más expuestos. "Nosotros no únicamente acercamos las partes, es un trabajo bastante arduo", afirmó.

Según el corredor, la tarea implica acompañar todo el proceso de una operación, desde la búsqueda de una vivienda hasta la documentación necesaria para concretar un acuerdo. Muchas personas recurren a una inmobiliaria porque no tienen el tiempo ni los conocimientos necesarios para vender, alquilar o administrar una propiedad.

"Quien recurre a una inmobiliaria es alguien que no tiene tiempo para vender o para alquilar su propiedad", señaló Ruiz.

¿Cuál es el temor del sector?

El principal miedo es que, sin controles suficientes, aumenten los casos de personas que operan sin respaldo profesional. Esto generaría un escenario más favorable para posibles engaños o estafas, afectando directamente a quienes buscan alquilar o vender una propiedad.

¿Qué busca el Gobierno con esta medida?

La desregulación planteada por la administración nacional busca generar mayor competencia dentro del mercado y lograr una reducción de costos para los usuarios. Sin embargo, Ruiz puso en duda que el resultado sea necesariamente una baja de precios y sostuvo que todavía no está claro si la medida alcanzará ese objetivo.

La polémica está instalada y el sector inmobiliario salteño espera que se escuchen sus planteos antes de que la medida avance.