SAETA admite que busca fondos extra para el transporte: ¿qué pasa con el servicio?
Las empresas de colectivos reclamaban por la falta de fondos y amenazaban con frenar. SAETA salió a reconocer que busca plata extra, pero también les marcó la cancha. ¿Alcanzará para destrabar el conflicto?
El Gobierno de Salta dio un paso atrás en el conflicto con las empresas de colectivos. SAETA reconoció que gestiona una asistencia financiera extraordinaria ante la Provincia para cubrir el déficit operativo del sistema, aunque desde el sector privado aseguran que todavía no hay una respuesta concreta.
La comunicación, firmada por el presidente de SAETA, Claudio Mohr, llegó después de que las concesionarias advirtieran que, si las condiciones no cambian, podrían quedar imposibilitadas de sostener las prestaciones. El escrito fue dirigido a Transporte Automotor del Valle, El Cóndor, Transporte San Ignacio, Transal, Ale Hermanos, Eduardo Ale, Alto Molino y Ahynarca, entre otras.
Qué dice el documento de SAETA
La intimación hace referencia a una presentación recibida el 1 de septiembre, en la que las empresas expusieron sus dificultades financieras. Frente a eso, el organismo estatal reconoció que está realizando gestiones para obtener una asistencia extraordinaria.
"SAETA S.A. se encuentra realizando las gestiones pertinentes ante el Gobierno de la Provincia de Salta a fin de obtener una asistencia financiera extraordinaria destinada a atender el déficit operativo del sistema", señala el documento.
Además, sostuvo que viene efectuando pagos a las empresas "conforme a los recursos efectivamente disponibles" y que implementa medidas para preservar el funcionamiento normal del transporte.
Exigen mantener el servicio
Pero no todo es ayuda: SAETA dejó en claro que las obligaciones contractuales de las prestatarias siguen vigentes. Por eso, les exigió que garanticen la continuidad y regularidad del servicio y eviten "cualquier suspensión, reducción o alteración unilateral" que afecte a los usuarios.
El organismo recordó que el transporte público tiene una "especial trascendencia para la comunidad" y advirtió que cualquier incumplimiento será evaluado según los contratos y el marco jurídico vigente. Incluso mencionó que puede aplicar las disposiciones del Capítulo VI, referido a la "Extinción de la Prestación".
También aclaró que las gestiones financieras y los pagos realizados no implican una modificación, dispensa, renuncia o suspensión de las obligaciones contractuales de las empresas.
El combustible, el punto de tensión
El conflicto escaló después de que las empresas advirtieran que los recursos disponibles apenas alcanzaban para cubrir cinco días de combustible. En su presentación, señalaron que la situación económica actual "compromete la continuidad de todas nuestras operaciones" y que, si no aparece una solución, podrían verse obligadas a paralizar completamente la prestación.
Por ahora, no hay una paralización confirmada ni una fecha determinada para una eventual suspensión. Las prestatarias garantizarán el servicio durante las celebraciones del Milagro, pero el escenario posterior permanece abierto.
La posibilidad de que miles de pasajeros queden afectados vuelve especialmente sensible la discusión. Los colectivos son utilizados diariamente para trasladarse hacia trabajos, escuelas, universidades y otras actividades, por lo que una reducción o interrupción tendría un impacto inmediato.
