Sáenz metió presión en ARCA por la medida que tiene en vilo a dos ciudades del norte

Un gobernador levantó el teléfono y llamó directo al titular de ARCA. Detrás del llamado, dos ciudades del norte que ya se plantaron en la Justicia por una medida que les toca el bolsillo. Qué pidió y qué respondió el organismo.

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Sáenz metió presión en ARCA por la medida que tiene en vilo a dos ciudades del norte
Sáenz metió presión en ARCA por la medida que tiene en vilo a dos ciudades del norte

El gobernador Gustavo Sáenz llevó la preocupación del norte salteño a la cúpula de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Frente al titular del organismo, Andrés Vázquez, planteó la necesidad de revisar los cambios en el régimen de tráfico fronterizo de exportación, una modificación que tiene en alerta a empresarios y municipios de la frontera con Bolivia.

La gestión no cayó en saco roto: durante la reunión, ambos funcionarios se comunicaron con el director general de Aduanas, José Vélis, para transmitirle de primera mano la posición de la Provincia. El mandatario expuso los efectos concretos de la modificación y propuso una salida: fortalecer los mecanismos de control para evitar desvíos hacia prácticas comerciales irregulares, pero sin ahogar al comercio legal que sostiene la zona de frontera.

El reclamo que ya llegó a la Justicia

El planteo de Sáenz llega después de que Aguas Blancas y Salvador Mazza decidieran jugar fuerte. Ambas localidades impulsaron una acción de amparo colectivo contra ARCA para frenar la aplicación de la Resolución General 5910/2026, convencidas de que las restricciones golpean de lleno la economía regional.

La presentación fue promovida por el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, y el intendente de Salvador Mazza, Gustavo Subelza, ante el Juzgado Federal 2 de Salta. El escrito está fechado el 19 de octubre y quedó registrado bajo el expediente 19378/2026.

Por qué preocupa tanto

En esas dos ciudades, el movimiento de compradores y mercaderías no es un detalle menor: representa una fuente importante de ingresos y empleo para miles de familias. Por eso el planteo provincial apunta a una revisión integral de la medida, convencido de que se puede controlar el comercio sin asfixiar a quienes viven del intercambio legal con Bolivia.

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