Rosario tiene 12.000 baldíos: el plan que premia a unos y castiga a otros

En Rosario hay alrededor de 12.000 terrenos baldíos registrados por el municipio, pero no todos son un dolor de cabeza para los vecinos. Algunos funcionan como jardines o espacios verdes de viviendas particulares; otros acumulan basura, malezas y cerramientos deteriorados. Para diferenciar esas situaciones, la concejala Carolina Labayru presentó un proyecto que premia a los que cuidan y castiga con más dureza a los que abandonan.

La iniciativa busca modificar la normativa municipal vigente y alcanzaría a unos 5.000 solares que, según un relevamiento más fino que lleva adelante el municipio, reúnen las condiciones para quedar comprendidos en la nueva regulación.

Qué cambia para los que mantienen su terreno

El corazón del proyecto es la exención de la sobretasa de promoción urbana por suelo vacante para aquellos terrenos que, aunque figuren como baldíos, funcionan como jardines o parques privados integrados a una vivienda.

El beneficio no será automático ni alcanzará a cualquier lote en buen estado. Para acceder, el terreno deberá ser lindero a una parcela destinada a vivienda, conformar con ella una única unidad funcional y compartir al menos una persona titular. Además, tendrá que cumplir con las condiciones de higiene, conservación y parquización que fija la normativa. Los propietarios deberán solicitar la exención y el municipio tendrá facultad para verificar que se cumplan los requisitos.

“Hay terrenos que están al lado de una casa, que sus propietarios mantienen como jardín o parque y que están en buenas condiciones. Nos parece razonable que esa situación tenga un reconocimiento tributario”, explicó Labayru.

Multas más duras para los que no cumplen

La otra pata del proyecto apunta a los propietarios que desatienden sus inmuebles. La propuesta contempla un aumento de las multas por incumplimientos de higiene, limpieza y conservación, tanto en terrenos baldíos como en propiedades edificadas, estén habitadas o no. Las obligaciones incluyen también el mantenimiento de cercas, tapiales y veredas, de acuerdo con las disposiciones municipales vigentes.

Uno de los puntos centrales es el endurecimiento de las sanciones cuando ya existe una intimación previa del Estado local y el responsable no resuelve las irregularidades dentro del plazo establecido.

“Si el municipio ya intimó al propietario y le dio un plazo para resolver el problema, no puede dar lo mismo que haya cumplido o que haya decidido no hacer nada. Por eso proponemos sanciones más altas para esos casos”, sostuvo la concejala.

La iniciativa parte de una problemática que se repite en distintos barrios: terrenos sin mantenimiento que terminan convertidos en lugares de acumulación de residuos, proliferación de malezas y deterioro del espacio urbano. Las consecuencias exceden los límites de la propiedad y afectan a quienes viven alrededor.

“Un baldío o inmueble abandonado es un problema para todos los vecinos. La basura, las malezas y los cerramientos rotos terminan perjudicando a toda la cuadra”, advirtió Labayru.

Más controles y menos publicidad para los irregulares

El proyecto también busca fortalecer las herramientas de fiscalización municipal. Propone mantener un relevamiento actualizado de los terrenos e inmuebles denunciados por abandono y realizar inspecciones que permitan constatar su estado. El objetivo es que las denuncias vecinales den lugar a controles efectivos y que exista un seguimiento de las situaciones detectadas, para determinar si las irregularidades fueron corregidas o si corresponde avanzar con intimaciones y sanciones.

Otra de las modificaciones apunta a los terrenos que generan ingresos mediante carteles publicitarios. La propuesta establece restricciones para instalar o renovar publicidad en aquellos predios que no cumplan con las condiciones exigidas de higiene y conservación.

“Un terreno que no cumple con las condiciones de higiene y cerramiento no debería seguir generando ingresos por publicidad como si estuviera en regla”, afirmó Labayru.

Además, el proyecto contempla la posibilidad de celebrar convenios para ejecutar y mantener cerramientos reglamentarios, con los gastos a cargo de los responsables de los inmuebles.

El costo del abandono

La normativa municipal ya contempla mecanismos para intervenir en terrenos que presentan infracciones y reclamar a sus propietarios los costos correspondientes. La iniciativa de Labayru busca reforzar esas herramientas y establecer mayores consecuencias para quienes persisten en el incumplimiento.

“Cuando el municipio tiene que intervenir porque el propietario no cumple con sus obligaciones, el costo no debería quedar a cargo de todos los rosarinos”, remarcó la concejala.

De esta manera, la propuesta combina dos criterios: reconocer mediante un beneficio tributario a quienes utilizan y mantienen sus terrenos como espacios verdes integrados a sus viviendas, y aumentar las exigencias sobre quienes dejan sus propiedades en condiciones que perjudican al entorno. La intención es que el mantenimiento deje de depender exclusivamente de las denuncias de los vecinos y que el municipio cuente con instrumentos más efectivos para exigir el cumplimiento de cada propietario.