El Concejo de Rosario quiere aprobar antes de fin de año la ordenanza que prohíbe a los cuidacoches, y el oficialismo ya avisó que sin esa norma la Policía no podrá salir a la calle. Qué cambia para los vecinos y qué pasará con quienes hoy trabajan en la vía pública.
El Concejo Municipal de Rosario quiere cerrar el año con una ordenanza aprobada: la que adhiere a la ley provincial que prohíbe la actividad de los cuidacoches. Sin ese paso formal, el municipio queda maniatado: no podrá firmar el convenio que habilita los operativos conjuntos con la Policía de Santa Fe.
Así lo planteó el concejal Fabrizio Fiatti, de Creo, dentro del bloque oficialista, quien puso el acento en la necesidad de acelerar el tratamiento del expediente que el Ejecutivo mandó al Palacio Vasallo.
Por qué la ordenanza local es la llave
El edil explicó que la norma santafesina y la reglamentación del Ministerio de Seguridad provincial exigen que cada ciudad dé el primer paso desde su propio Concejo. Si Rosario no aprueba esa adhesión, no hay convenio posible y, por lo tanto, tampoco respaldo operativo policial.
"Necesitamos tener la prohibición local para poder hacer cesar las conductas que molestan a los vecinos", afirmó Fiatti en diálogo con el programa Radiópolis, de Radio 2.
El concejal fue más allá sobre las limitaciones que hoy tiene el municipio para intervenir en la calle: "No vamos a tener la colaboración necesaria, que es lo que nos permite la ley. Dijimos que necesitamos una ley para tener más herramientas para intervenir en la calle, no solo con los trabajadores de control municipal que tienen limitaciones porque no son una fuerza policial".
El proyecto de adhesión llegó al Concejo en octubre, pero el debate por la legalización de Uber y DiDi le corrió el lugar en la agenda legislativa. Ahora el oficialismo quiere recuperar el tiempo perdido y tratar el tema en las próximas semanas.
"Esperamos también que la oposición entienda que esto hay que debatirlo para ayer", disparó Fiatti, que dejó en claro que la gestión no está dispuesta a estirar más los plazos.
Control y abordaje social, en paralelo
El referente de Creo aclaró que la prohibición no será la única herramienta. Según contó, el intendente Pablo Javkin pidió que la nueva reglamentación contemple un tratamiento integral del problema.
"El intendente nos indicó que va a haber un abordaje social, el mensaje del intendente también cubre este aspecto que para nosotros es delicado y sensible. Por eso la urgencia", cerró.
La semana pasada, en la comisión de Obras Públicas, los concejales empezaron a fijar posición sobre el mensaje de la intendencia que pide adherir a la ley provincial N° 14.486, que prohíbe la actividad vinculada al cuidado de vehículos en la vía pública. El debate en comisiones retomaría este lunes.
Qué dice el proyecto que firmó Javkin
La iniciativa ingresó al Palacio Vasallo el 15 de octubre. Establece una restricción general de la actividad, pero al mismo tiempo le reserva al Ejecutivo la facultad de autorizarla en determinados sectores y bajo condiciones que se definirán por reglamentación.
El artículo primero propone prohibir en toda la ciudad el ofrecimiento o la disposición de espacios para estacionar en la vía pública, además de la guarda, el cuidado, el lavado o la limpieza de vehículos cuando medie un beneficio o una retribución económica. La restricción alcanza incluso a los casos en que el pago sea voluntario.
El artículo siguiente abre la puerta a un régimen de excepción: la Municipalidad podría determinar en qué zonas y bajo qué circunstancias se permitirán esas tareas, con requisitos, modalidades y plazos propios. Un ejemplo de ese mecanismo es la habilitación que se otorga cada año para la Fiesta de Colectividades.
La propuesta también modifica el Código de Convivencia Ciudadana para incorporar las infracciones por cuidado de vehículos en la vía pública y reemplaza el artículo 300. El capítulo VI del título VIII pasaría a llamarse "Faltas relativas al uso de la vía pública" y reuniría las conductas por obstrucción del tránsito, apropiación de la calzada sin autorización y la actividad de cuidacoches, cada una con su sanción.
Multas, horas de tareas y decomiso
El esquema distingue la actividad sin autorización de las conductas agravadas. Para quien ofrezca estacionamiento, cuidado, guarda, lavado o limpieza de vehículos a cambio de una retribución y sin permiso, la sanción prevista es de 15 a 80 horas de tareas educativas y concientizadoras, sin multa en ese supuesto.
La pena sube a una multa de 10 a 200 unidades fijas (UF) y entre 30 y 160 horas de tareas educativas cuando media alguna circunstancia agravante. Entre ellas figuran la violencia o las amenazas contra personas o bienes; la actividad en zonas de estacionamiento medido; y la presencia en un radio de hasta 20 cuadras de eventos públicos masivos durante las dos horas previas y una hora posterior.
También se consideran agravantes el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad por género, edad o discapacidad; el horario nocturno, fijado entre las 18 y las 6; y el desarrollo de la actividad en zonas escolares, bancarias o de edificios públicos.
A valores de octubre, esa escala equivale a multas de entre 23.270 y 465.400 pesos. Para quienes actúen como organizadores, coordinadores o responsables, la propuesta fija multas de 20 a 400 UF y 160 horas de tareas comunitarias, es decir, entre 46.540 y 930.800 pesos a la cotización actual. Los montos variarán con las actualizaciones de la unidad fija y, en todos los casos, el proyecto permite disponer el decomiso de los elementos utilizados.
Las sanciones económicas y las tareas corresponden al régimen municipal. Las penas de arresto, en cambio, pertenecen a la legislación provincial: ese marco prevé entre 10 y 20 días para los casos de reincidencia, con agravantes que pueden elevar las escalas.
Los agentes de control podrán pedir, por vía ministerial, la intervención y el auxilio inmediato de la Policía de Santa Fe para hacer cesar la infracción mediante el desplazamiento de quienes desarrollen la actividad en el espacio público. El texto aclara que esa intervención es independiente del trámite sancionatorio posterior.
Reconversión laboral y acompañamiento
El proyecto también dispone que el gabinete social municipal, en coordinación con la Provincia, implemente acciones de prevención e inclusión para las personas alcanzadas por la prohibición.
Entre las herramientas previstas aparecen la formación en oficios, el acompañamiento a emprendimientos productivos y de la economía social, el acceso a ferias y mercados y la vinculación con programas de empleo.
Además, contempla facilitar la continuidad de los estudios primarios y secundarios para quienes quieran completarlos y garantizar el acceso a programas de salud mental y abordaje de consumos problemáticos. La iniciativa establece que esa estrategia deberá evaluar periódicamente sus resultados.
Con información de Rosario 3.
