El Concejo de Rosario discute cómo aplicar la ley que prohíbe a los cuidacoches y el oficialismo ya cedió en un punto clave. Lo que se define en las próximas reuniones cambia la calle para vecinos, comerciantes y quienes viven de esa actividad.
Las comisiones de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Obras Públicas y Gobierno y Control del Concejo Municipal de Rosario volvieron a reunirse este miércoles para tratar la adhesión a la ley provincial 14.486, que regula la actividad de los cuidacoches. No hubo dictamen definitivo, pero sí un cambio de postura del Ejecutivo local que reconfigura el escenario.
Los concejales alineados con el intendente Pablo Javkin aceptaron retirar el artículo que habilitaba un régimen de excepciones para permitir la actividad en eventos masivos, como la Fiesta Nacional de Colectividades. De ese modo, el proyecto se encamina hacia una prohibición de alcance general.
El artículo que generaba confusiones
El encargado de blanquear el giro fue el edil oficialista Fabrizio Fiatti, quien admitió que el artículo segundo del mensaje original se prestaba a interpretaciones demasiado amplias. Esa cláusula no solo había sido rechazada por los bloques opositores: también dentro del propio interbloque oficialista el socialista Federico Lifschitz había advertido que ese esquema abría la puerta a una «legalización encubierta» de la actividad.
Pese al acercamiento, las comisiones volverán a reunirse el próximo miércoles para intentar destrabar la adhesión de Rosario a la norma provincial, que rige desde el 2 de octubre.
Las diferencias que persisten
El eje del conflicto ahora pasa por la aplicabilidad real de la norma y por las herramientas de control. Fiatti insistió en que la prioridad del oficialismo es incorporar las sanciones al Código de Convivencia municipal para que los inspectores tengan respaldo legal al labrar actas de infracción, y coincidió en que la prohibición debe alcanzar el entorno de los estadios de fútbol.
Desde La Libertad Avanza, Lautaro Enríquez consideró que eliminar las excepciones resulta insuficiente porque el proyecto no demuestra cómo se hará efectiva la medida en la práctica. Antonio Salinas, de Ciudad Futura, puso en duda que la ordenanza logre erradicar el cobro ilegal en las inmediaciones de las canchas de Newell's y Central —vinculado a las barras bravas— y advirtió sobre el riesgo de criminalizar la pobreza, comparando la prohibición con un intento de penar la mendicidad y la ayuda social.
Multas, trabajo comunitario y abordaje social
Sabrina Prence, de Nación y Libertad, planteó diferenciar entre quienes pertenecen a las barras bravas —para quienes pidió no tener contemplaciones— y las personas en situación de calle. En ese sentido, propuso reemplazar las multas económicas por trabajo comunitario y programas de inserción laboral, al considerar inviable que un «trapito» pueda afrontar una sanción pecuniaria.
La concejala peronista Norma López reclamó que la iniciativa contemple mecanismos concretos de asistencia social y protocolos diferenciados para adultos y menores de edad. Otros sectores expresaron su inquietud por la falta de precisión sobre los límites de actuación conjunta entre los agentes municipales y la policía.
La embestida del autor de la ley provincial
Mientras el debate sigue empantanado en el Concejo, el senador departamental Ciro Seisas, autor de la ley provincial aprobada en septiembre, cuestionó la demora en reglamentar la adhesión y recordó que solo en el primer semestre del año se registraron más de 3.400 denuncias al 911 por esta problemática.
El legislador apuntó contra el edil libertario Juan Pedro Aleart, a quien le reprochó su ausencia en las reuniones de comisión, y también contra el kirchnerismo, al que acusó de «romantizar la vulnerabilidad» sin aportar soluciones concretas.
