Rosario debate legalizar Uber: el piso de $1.720 y la advertencia de los taxistas

El Concejo Municipal de Rosario ya tiene sobre la mesa el proyecto que busca ponerle reglas al desembarco masivo de las aplicaciones de viajes. La iniciativa la presentó el intendente Pablo Javkin y cuenta con el respaldo de la presidenta del cuerpo, María Eugenia Schmuck. El texto apunta a regular el funcionamiento de plataformas como Uber, Cabify y DiDi, aunque el debate recién arranca y ya mostró diferencias entre oficialismo y oposición.

Desde La Libertad Avanza, el concejal Juan Pedro Aleart pidió una habilitación amplia, que contemple también el traslado de personas en moto y que revise las multas que recaen sobre los conductores. Para el edil, la ciudad llegó a este punto porque el uso de las apps creció al margen de la ley.

Qué dice el oficialismo

En diálogo con el programa Radiópolis, de Radio 2, Schmuck defendió la propuesta y se mostró confiada en alcanzar acuerdos rápidos. "Regular no es darle vía libre a nadie, a ninguna empresa, es exactamente al revés, es ponerle reglas donde hoy no las hay, es saber quién maneja, qué condiciones tiene que cumplir, qué seguro debe tener el auto", explicó la concejala.

Uno de los ejes del mensaje de Javkin es la desregulación de los precios. Según detalló la titular del Concejo, se fijará un valor mínimo: ningún viaje por aplicación podrá costar menos que un boleto de colectivo, es decir, 1.720 pesos. A partir de ese piso, las aplicaciones, taxis y remises inscriptos tendrán libertad para definir sus tarifas.

La tarifa que fija el Concejo, en cambio, seguirá vigente solo para los viajes que se toman levantando la mano en la calle, una modalidad que quedará reservada exclusivamente a los taxis y remises tradicionales.

La postura de La Libertad Avanza

Aleart celebró que el tema se trate en el Concejo, pero apuntó contra los controles que aplica el municipio. "La realidad pasó por encima de cualquier capricho político", sostuvo, y agregó: "El municipio se lleva por año 2000 vehículos que trabajan con las aplicaciones, les cobra multas que superan largamente los 2 millones de pesos".

El representante de LLA consideró que el proyecto de Javkin "parece un copy paste" del que su bloque presentó a principios de año, y cuestionó sus límites porque "deja afuera un universo de miles de personas que usan las motos de traslado de personas". También reclamó que la revisión de sanciones anunciada por el Ejecutivo alcance a todos los conductores afectados y no solo a los taxistas y remiseros que usaron las plataformas.

La voz de un chofer de Cabify

Germán trabaja con aplicaciones desde 2019 y aseguró que con esa actividad puede vivir. "A mí me alcanza para vivir", contó. Sin embargo, describió una convivencia tensa en la calle con el sector de los taxis: "A mí me conocen algunos, me han escrachado en redes sociales. He tenido circunstancias porque me reconocen el auto y después te encierran, viste, con los vehículos de ellos, te insultan, te buscan, te provocan".

El rechazo de los taxistas

José Iantosca, referente de la Cámara de Titulares de Taxis de Rosario (Catiltar), también pasó por Radio 2 y apuntó contra la normativa en discusión. Para el dirigente, blanquear el uso de las aplicaciones es nivelar para abajo: implica la pérdida de miles de puestos de trabajo formales y una desregulación del mercado que impactará en el bolsillo de los pasajeros.

"Desde ya, nosotros no lo vemos bien. Esto es precarizar aún más a todos los trabajadores, a los que hacemos taxi, a los que hacen Uber, a los que hacen Didi, es precarizar el sistema de servicios públicos, de transporte para abajo", sostuvo Iantosca.

El referente explicó que el rubro llegó a tener cinco mil empleados registrados, con obra social, aseguradora de riesgos del trabajo, aportes jubilatorios y derecho a indemnización. Según su pronóstico, ese escenario formal cambiará de golpe: "Van a pasar todos a trabajar en negro, precarizados o con suerte como monotributistas".

Tarifas dinámicas y el temor por las urgencias

Otro de los puntos conflictivos del proyecto es el esquema tarifario. Si bien ninguna plataforma podrá cobrar por debajo del boleto de colectivo, no habrá un techo para el valor máximo de los viajes. A Iantosca le preocupa especialmente el uso de las tarifas dinámicas, que manejan las propias empresas, sobre todo de madrugada o ante situaciones críticas.

"Lo que me preocupa es qué va a pasar cuando una persona con una necesidad, con una urgencia, tenga que llamar a una aplicación a las tres, a las cuatro de la mañana y tenga que ir a un hospital, por ejemplo", planteó el titular de Catiltar. Y agregó: "¿Cuánto le va a salir un viaje de 10 mil pesos hoy en taxi? ¿Qué le va a salir? 20, 30 mil pesos, una persona que vive en un barrio, llevar su hijo, su hija al hospital de niños".

Las dudas sobre los controles

Más allá de la discusión económica y laboral, los titulares de taxis consideran que el proyecto no precisa cómo se fiscalizará a los nuevos actores del sistema. Una de las grandes incógnitas es el traslado en dos ruedas: el servicio de aplicaciones para motocicletas no está contemplado en la normativa, por lo que seguirá siendo ilegal pese a que los rosarinos lo usan a diario.

También quedan preguntas sobre qué repartición municipal controlará que los vehículos de las aplicaciones tengan el seguro para transporte de personas, la revisión técnica al día y que sus conductores cuenten con el registro profesional habilitante que exige cualquier servicio de transporte público.