Rosario cuadruplicaba homicidios: la ley que Pullaro y Vranicich trabajaron en secreto

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y la fiscal general María Cecilia Vranicich consolidaron una alianza que acaba de mostrar su costado más visible: las Jornadas Nacionales e Internacionales de los Ministerios Públicos Fiscales, un encuentro que reunió a expertos de peso y que sirvió para defender la labor del Ministerio Público de la Acusación (MPA) como un poder autónomo.

La relación entre el Ejecutivo provincial y el MPA no es nueva. La ley de microtráfico, aprobada por el Senado el 14 de diciembre de 2023 —a días de asumir el gobierno— y por Diputados el 20 de ese mes, fue trabajada en conjunto con Vranicich. La norma se promulgó el 28 y entró en vigencia el 29 de diciembre de ese año.

El ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, explicó la urgencia de la medida: “Lo necesitábamos por razones de estricta política de control de violencia territorial”, dijo, y recordó que Rosario cuadruplicaba la tasa de homicidios cada 100 mil habitantes.

“Empezamos a diseñar un modelo en el que explicitamos todas las cosas que normalmente el actor político no avala al momento de votar. Acá hicimos que la avale, lo pusimos en la ley, entonces cualquier queja es lo que está votado por casi unanimidad en ambas Cámaras”, definió Cococcioni.

Un encuentro con peso propio

Las jornadas, que se desarrollaron en Rosario, tuvieron como anfitriona a Vranicich y contaron con la presencia de figuras internacionales del ámbito de la acusación. Entre ellos, el italiano Giovanni Tartaglia Polcini, fiscal durante dos décadas en Nápoles y especialista en crimen organizado; el criminólogo estadounidense David Kennedy, conocido por diseñar estrategias de reducción de violencia urbana; y el experto local Marcelo Bergman.

Fue la primera vez que el MPA se presentó como un extrapoder, fuera del Poder Judicial, un rol que todavía se está acomodando tras las resistencias iniciales.

Pullaro aprovechó el escenario para respaldar con vehemencia al organismo: “Vamos a defender la labor del MPA. Y vamos a defender el liderazgo y la conducción de Vranicich”, afirmó.

El pedido para redefinir la competencia en drogas

Durante el encuentro, el gobierno provincial planteó la necesidad de revisar el criterio con el que se reparte la competencia en materia de drogas entre la Justicia federal y la provincial, que tiene a su cargo la Unidad de Microtráfico. Actualmente hay un proyecto de ley en el Congreso.

Cococcioni sostuvo que cualquier discusión sobre el fraccionamiento termina derivando la causa al fuero federal, lo que enfría la investigación y obstaculiza el objetivo central de la provincia: la intervención integral en los búnkers para reducir el delito y la violencia en el entorno.

“El microtráfico es eso. No es asumir nosotros por ser generosos de que lo federal tiene mucho trabajo, entonces lo tomamos nosotros, que estamos al cuete. No se trata de una transferencia lineal de competencia”, aclaró el ministro.

La aplicación de la desfederalización ya tuvo un impacto concreto en la cantidad de causas. Carla Cerliani, fiscal coordinadora del MPA, detalló en un panel: “Los informes que se hicieron a los dos años de implementación de la ley dan cuenta que asumimos entre el 70 y el 75% de la carga de trabajo que tenía la Justicia federal en la provincia de Santa Fe”.

Críticas a la Justicia federal y defensa del fuero provincial

En su defensa de los fiscales, Pullaro cuestionó los años de impunidad de la Justicia federal y recordó la demora en enjuiciar a Los Monos. Mencionó que en mayo de 2022 la Corte Suprema de la Nación visitó Rosario para respaldar al fuero federal en un operativo que se recuerda por su despliegue desmedido, y subrayó que “hoy dos de los tres magistrados federales que teníamos en la ciudad están presos”. Se refería a Marcelo Bailaque y Gastón Salmain.

El ministro de la Corte Suprema de Santa Fe, Daniel Erbetta, también intervino para marcar diferencias: “Las condenas a Esteban Lindor Alvarado y a Los Monos y otras franquicias fueron en la Justicia provincial”, afirmó, y agregó: “La sentencia de condena la firmamos nosotros”.

Erbetta recordó además el abreviado entre fiscales y defensores en 2015, cuando las bandas intentaron arreglar penas de ocho años existiendo delitos de prisión perpetua, y que luego la Justicia hizo caer por impresentable.

“Cada uno ocupa su rol: los fiscales son parte y los jueces deben resolver, y la responsabilidad por las condenas y el encierro de las personas tiene la firma de un magistrado, no de un fiscal”, aclaró a la prensa.

Presupuesto y números que reflejan prioridades

El presupuesto nacional asignó a la Justicia federal en Rosario un aumento del 39% en el total general para 2027: 65.583 millones de pesos, frente a los 47.189 millones de 2026. La inflación anual proyectada es del 18%.

En el desglose, los gastos en personal de la Cámara de Rosario suben un 37%, y los bienes de consumo un 36%. Para 2027 se agregaron 548 millones en bienes de uso, ítem que en 2026 tenía presupuesto cero. Los servicios no personales aumentan un 85,34%: de 730 millones en 2026 a 1.353 millones en 2027.

Al Ministerio Público, en tanto, se le asignaron 21.967 millones en 2026 y 33.853 millones en 2027, un 54% más. Dentro de ese total, la Procuración General recibe 17.581 millones (57,20% más que en 2026), mientras que la Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial obtiene 16.272 millones (51% más).

Más presupuesto y menos causas por el microtráfico: los números permiten ver cómo se piensa la Justicia federal para que sea eficiente y resuelva.

En ese esquema, el MPA busca consolidarse como extrapoder, pero para lograrlo necesitó el respaldo del Ejecutivo provincial. Pullaro no dudó porque, a su vez, requiere de los fiscales para llevar adelante su política de lucha contra el crimen organizado. Una apuesta que, por ahora, le va saliendo.