Robaron medidores de agua y la purga los expulsó: quiénes son los exonerados del EPAS
¿Robaron medidores de agua y pensaron que no pasaría nada? Dos empleados del EPAS fueron exonerados tras una investigación que incluyó allanamientos y ventas por Facebook. Enterate cómo los atraparon.
La política de depuración que impulsa el gobernador Rolando Figueroa sumó dos nuevas bajas, pero esta vez el escándalo sacude al EPAS. Dos empleados de planta permanente fueron exonerados tras comprobarse que robaron y vendieron medidores de agua. ¿Cómo los descubrieron?
Se trata de José Ceferino Burgos y Ricardo Alberto Méndez, quienes se desempeñaban en la Subgerencia Zona Norte del organismo. La sanción, la más severa que existe en el ámbito administrativo, llegó después de una investigación interna que probó su responsabilidad en la sustracción de los dispositivos.
¿Qué hicieron exactamente?
Según consta en el expediente, los medidores habían ingresado al EPAS en 2011 y estaban guardados bajo llave en el depósito de Chos Malal. Sin embargo, Burgos y Méndez tenían acceso a ese sector y aprovecharon esa posición para sustraerlos y comercializarlos.
La causa penal, que se inició en 2024 y corre por cuerda separada, los imputa por hurto simple y encubrimiento. Pero la investigación fue mucho más lejos: encontraron publicaciones de los medidores y sus cajas en Facebook Marketplace, lo que permitió avanzar con allanamientos.
¿Qué secuestraron en los allanamientos?
En los domicilios de los involucrados, los pesquisas incautaron medidores, abrazaderas y herramientas de trabajo. Además, quedaron bajo la lupa movimientos realizados con una camioneta oficial, lo que refuerza las sospechas sobre el accionar de los exagentes.
En el plano administrativo, los auditores concluyeron que hubo incumplimientos tanto del Convenio Colectivo de Trabajo como del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública provincial. Eso selló su destino: la exoneración, una sanción más grave que la cesantía.
Este caso se enmarca en la cruzada que Figueroa lanzó en diciembre de 2023 contra los “ñoquis”, las indisciplinas y las conductas delictivas dentro del Estado. Una política que, según indican desde el Ejecutivo, tiene fuerte respaldo ciudadano y que no piensa frenar. La purga, lejos de detenerse, continúa.
