La Defensoría Pública de Río Negro cambia de estructura y suma ocho coordinadores en los fueros Civil y Penal de cuatro ciudades. La reforma apunta a destrabar una gestión que hoy depende de muy pocas manos, y el detalle de cómo se reparte ese poder judicial no es menor.
La Legislatura de Río Negro aprobó por unanimidad una reforma que amplía la planta de la Defensoría Pública con ocho nuevos cargos de Defensor Coordinador, distribuidos entre los fueros Civil y Penal de las cuatro circunscripciones judiciales de la provincia.
La iniciativa, impulsada por los legisladores Facundo López y Lucas Pica (Juntos Somos Río Negro) junto a Juan Carlos Martín y Juan Murillo Ongaro (PRO Unión Republicana), introduce cambios en varios artículos de la Ley Orgánica del Ministerio Público. La figura nueva funcionará como una instancia jerárquica intermedia entre la Defensoría General y los defensores que intervienen en los procesos.
Dónde estarán los nuevos coordinadores
Las cabeceras judiciales de Viedma, Roca, Bariloche y Cipolletti contarán cada una con un defensor coordinador del Fuero Penal y otro del Fuero Civil. En total, ocho funcionarios que se sumarán a la estructura del Poder Judicial rionegrino.
El objetivo declarado es descentralizar responsabilidades, mejorar la supervisión de los equipos y reforzar la asistencia jurídica, en especial para los sectores más vulnerables de la población.
El argumento: una estructura desbordada
El proyecto se apoya en el crecimiento que tuvo el Ministerio Público de la Defensa en los últimos años. Hoy el organismo reúne a 305 empleados y 157 defensores titulares y adjuntos que dependen de la Defensoría General.
Frente a ese volumen, la estructura administrativa de la Defensoría General está integrada por apenas siete personas, entre empleados y funcionarios. Los autores del proyecto sostienen que esa desproporción complica la coordinación, la supervisión y la gestión del personal, y limita la planificación de políticas institucionales.
Qué harán los coordinadores
Los nuevos cargos tendrán tareas administrativas —organización de equipos, autorización de licencias y seguimiento de requerimientos— y también funciones ligadas a la actividad judicial.
En el fuero Penal podrán intervenir en juicios por jurados, elaborar impugnaciones ante tribunales superiores, supervisar causas complejas y visitar establecimientos penitenciarios para controlar el respeto de los derechos de las personas privadas de su libertad.
En el fuero Civil participarán en recursos judiciales, coordinarán equipos de trabajo y podrán intervenir en visitas a instituciones que alberguen a niños, adolescentes, adultos mayores y otras personas en situación de vulnerabilidad.
