Río Negro pasó de 400.000 a 700.000 vacas: el cambio que nadie vio venir

La ganadería de Río Negro vive un giro histórico. En poco más de una década, el rodeo bovino pasó de 400.000 a 700.000 cabezas, la faena local trepó a 170.000 animales por año y las cabañas se multiplicaron de 10 a 25. El dato se conoció durante la primera exposición del Circuito de Rurales 2026, en Río Colorado, donde el gobernador Alberto Weretilneck puso el foco en las nuevas reglas que buscan acompañar ese crecimiento.

La nueva Ley de Carnes reemplaza una norma que llevaba más de 35 años sin cambios y llega con un objetivo claro: que más carne se produzca, se termine y se procese dentro de la provincia. El desafío no es menor, porque tener más animales no garantiza que todo el proceso quede en territorio rionegrino.

Un cambio que ya tiene números

El aumento de la hacienda es solo una parte de la foto. También creció la cantidad de animales terminados localmente y la producción de alimento. Ese combo exige infraestructura, establecimientos habilitados y reglas que contemplen desde los grandes operadores hasta los más chicos.

La nueva ley incorpora una clasificación que diferencia a los establecimientos según su escala y destino. Por un lado, los industriales y artesanales; por otro, los de tránsito provincial y municipal. La diferencia no es menor: define quién habilita y controla cada lugar. Los de tránsito provincial quedarán bajo la órbita de la autoridad provincial, mientras que los municipios mantendrán la competencia sobre aquellos que comercialicen exclusivamente dentro de su territorio.

Los pequeños productores, los grandes beneficiados

Uno de los cambios más esperados es la creación de la categoría de establecimientos artesanales, pensada para producciones de menor escala. La norma considera dentro de esta categoría a los que no superen los 500 kilos diarios de producto terminado proveniente de faena o los 100 kilos de productos elaborados.

El objetivo es abrir una puerta a la formalidad para actividades que no necesitan la misma estructura que una planta industrial. Esto también habilita el agregado de valor en origen: una producción pequeña puede dejar de vender solo el animal y avanzar hacia la elaboración de alimentos en su propia localidad.

Autoconsumo: una demanda histórica de los crianceros

En las zonas rurales, otro de los puntos clave es el autoconsumo. La ley permite que los productores registrados soliciten autorización para trasladar productos, subproductos y derivados de origen animal destinados a su propio consumo. El régimen contempla específicamente la carne vacuna y ovina, con requisitos como contar con una guía y acreditar la propiedad del animal mediante el cuero marcado o señalado.

La herramienta está pensada exclusivamente para el consumo propio y no habilita la comercialización. Para los crianceros, significa encuadrar dentro de la normativa una práctica que forma parte de la vida productiva de muchas familias rurales.

Más trazabilidad y control sanitario

El otro eje es el control. La carne que ingrese al circuito comercial deberá provenir de establecimientos habilitados y circular en vehículos que cumplan con las condiciones sanitarias. El transporte deberá garantizar la conservación del producto y contar con un certificado sanitario de tránsito que permita conocer su origen y acreditar su inocuidad.

También se establece el registro sanitario de los establecimientos elaboradores y de los productos ante el Ministerio de Salud antes de su comercialización. En las plantas industriales y establecimientos de tránsito provincial será obligatorio contar con un director técnico profesional con incumbencia específica en inocuidad alimentaria. La responsabilidad alcanzará los procesos de faena, desposte, elaboración, almacenamiento, frío y distribución.

Jabalí y fauna silvestre: el punto que generó más discusión

La nueva ley también incorpora al esquema los productos y subproductos provenientes de fauna silvestre. Esto significa que, si una especie está autorizada para su aprovechamiento, sus productos deberán procesarse en establecimientos habilitados y quedar dentro del sistema de controles sanitarios. Pero la ley no establece que todas las especies puedan comercializarse: la definición quedará en manos del organismo competente, que deberá determinar cada año cuáles estarán autorizadas, además de fijar temporadas, cupos, zonas habilitadas y períodos de veda.

Este punto fue uno de los que generó mayor discusión política durante el tratamiento legislativo. La posibilidad de procesar y comercializar productos de fauna silvestre fue defendida como una alternativa para generar trazabilidad y aprovechamiento, mientras que sectores de la oposición cuestionaron especialmente la inclusión de especies nativas.

Desarrollo Económico y Productivo tendrá a su cargo los controles sobre establecimientos y transportes. Salud supervisará la inocuidad y los registros sanitarios, mientras que la Policía colaborará en rutas y caminos con la documentación y las habilitaciones.

Multas y clausuras: el costo de no cumplir

La ley establece un régimen de sanciones que puede incluir apercibimientos, decomisos, clausuras e inhabilitaciones. Las multas tendrán como referencia el valor del novillo en pie y podrán ir desde el equivalente a 200 kilos hasta 5.000 kilos de novillo. La sanción dependerá de la gravedad de la infracción, el riesgo sanitario, el perjuicio provocado, el beneficio económico obtenido y los antecedentes del responsable.

En situaciones que impliquen un riesgo inmediato para la salud pública, los inspectores podrán disponer la clausura preventiva y el decomiso de productos cuando no pueda comprobarse su procedencia, trazabilidad o aptitud para el consumo.

Con una ganadería que creció en cantidad de hacienda y en capacidad de producir, el desafío que aparece ahora es cómo transformar ese crecimiento en más carne terminada y más valor dentro de Río Negro.