Río Grande perdió 13.000 empleos industriales y el intendente apunta contra un fondo millonario

El intendente de Río Grande, Martín Pérez, volvió a poner el foco en el destino de los recursos del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP). Según dijo, hay unos 300 millones de dólares acumulados que deberían invertirse en la provincia, y en particular en la ciudad más golpeada por la crisis industrial.

Pérez cuestionó que el Gobierno nacional haya eliminado los aportes que hacían las empresas al Fondo y sostuvo que, de acuerdo con la información que maneja el Municipio, quedan alrededor de 300 millones de dólares sin ejecutar. Para el intendente, esos recursos deben mantener el destino para el que fueron creados: fortalecer la matriz productiva, financiar infraestructura y abrir nuevas alternativas económicas para Tierra del Fuego.

“Los fondos existen, entendemos que son fondos que están en el orden de los 300 millones de dólares”, afirmó. Y remarcó que deberían usarse para “fortalecer nuestra matriz de producción, diversificarla” y desarrollar infraestructura productiva.

En ese marco, recordó que el Municipio propuso usar herramientas del FAMP para acompañar a los trabajadores industriales despedidos, pero aseguró que no obtuvo respuestas. También anticipó que Río Grande seguirá presentando proyectos, como la terminación del mercado de productos locales y obras en la antigua terminal de ómnibus, que quedaron inconclusas tras la paralización del financiamiento nacional.

El impacto en los números

El planteo central de Pérez apuntó a la distribución territorial de esos recursos. Consideró que Río Grande está siendo particularmente perjudicada pese a concentrar el mayor impacto de la crisis fabril. Según las cifras que expuso, la ciudad llegó a tener cerca de 17.000 trabajadores industriales y hoy registra aproximadamente 3.800. Incluso tomando como referencia 2023, señaló que se pasó de entre 8.000 y 9.000 empleos a los actuales 3.800.

En el sector textil, agregó, había once empresas y ahora funcionan apenas cuatro, mientras que el empleo cayó de unos 1.100 trabajadores a alrededor de 280.

Por eso atribuyó la distribución del FAMP a una decisión política del Gobierno nacional y anticipó que seguirá reclamando una mayor participación para Río Grande. “Vamos a hacer todo lo posible para que los fondos lleguen a Río Grande, porque proyectos te aseguro que no nos faltan”, afirmó. A su entender, el problema no es la falta de capacidad técnica municipal sino las decisiones sobre el destino del dinero.

Reforma constitucional: “un debate agotado y terminado”

Pérez también fijó posición sobre la reforma de la Constitución provincial. Sin cuestionar los tiempos de la Justicia, sostuvo que desde lo político la discusión quedó cerrada después de que la Legislatura derogara la ley que habilitaba el proceso.

“Creo que es un debate agotado, terminado, absolutamente terminado”, afirmó, y recordó que once legisladores votaron la derogación. Para el intendente, esa decisión expresa una posición suficientemente amplia como para considerar que “ya no hay más discusión”.

Vinculó esa definición con las prioridades que, a su juicio, debería tener hoy Tierra del Fuego: las dificultades del sistema educativo y sanitario, la situación laboral y los problemas financieros de los municipios. En el caso de Río Grande, aseguró que la deuda de coparticipación ya alcanza los 17.000 millones de pesos y que aumentó alrededor de un 200 por ciento durante el último año.

“Hablar hoy de una reforma de la Constitución no me parece sinceramente el momento adecuado”, resumió, e insistió en que el asunto está “absolutamente saldado desde la política”.

Zona Fría: facturas más caras y críticas a los senadores

Otro de los ejes de la entrevista fue la modificación del régimen de Zona Fría. Pérez advirtió que los cambios aprobados tendrán un impacto superior al 20 por ciento en las facturas de gas y cuestionó que el nuevo esquema otorgue al Poder Ejecutivo nacional facultades para modificar las bonificaciones.

Explicó que allí hay una “doble preocupación”: el aumento inmediato para los usuarios y la posibilidad de que el Ejecutivo altere hacia adelante el nivel de las bonificaciones sin necesidad de una nueva ley del Congreso.

Pero además apuntó contra los representantes fueguinos en el Senado. Sin personalizar, dijo que le resultaba llamativo que representantes del oficialismo nacional elegidos por Tierra del Fuego acompañaran una medida que, según su interpretación, perjudica directamente a los habitantes de la provincia.

“Uno puede entender que haya coincidencias desde el punto de vista ideológico con el Gobierno nacional. Ahora, votar en contra de los ciudadanos de sus propias provincias, la verdad que llama poderosamente la atención”, sostuvo.

Sobre la estrategia de la oposición, fue cuidadoso y dijo que no le correspondía juzgar decisiones internas de un bloque del que no forma parte. Sin embargo, recordó su experiencia como diputado nacional en las discusiones tarifarias de 2016 y 2017: aun cuando sabía que las votaciones podían perderse, la oposición concurría al recinto, expresaba su posición y votaba en contra. “Poníamos voz, poníamos palabras, votábamos en contra”, recordó.

Malvinas: avanzar contra quienes explotan los recursos

Por último, Pérez ratificó la decisión del Municipio de Río Grande de involucrarse en la causa judicial por la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. Destacó la intervención de la jueza federal Mariel Borruto y aseguró que el Municipio acompañará el expediente aportando la información que sea necesaria.

Para el intendente, avanzar judicialmente contra las empresas privadas que participan de la explotación de recursos es una herramienta para afectar económicamente la presencia británica en el archipiélago. “Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder nutrir la causa con información”, aseguró.

Pérez recordó además su iniciativa de 2016, cuando era diputado nacional junto con el ex diputado y ex senador Matías Rodríguez, para crear una comisión bicameral dedicada específicamente a Malvinas. Consideró necesario recuperar una política de Estado que se mantenga en el tiempo, más allá de los gobiernos, y reclamó una estrategia diplomática consistente.