Río Grande llevó a la Justicia la explotación petrolera en Malvinas: el respaldo que busca y nadie anticipó

El Municipio de Río Grande se presentó como parte interesada en la causa contra las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited por el proyecto hidrocarburífero Sea Lion en el Atlántico Sur. La movida judicial, formalizada este viernes, entrelaza la defensa del ambiente, los recursos pesqueros y la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

La Asesoría Letrada municipal concretó la presentación ante el Juzgado Federal de Río Grande, en el expediente que impulsan el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas. Tras el trámite, funcionarios y especialistas municipales expusieron sus argumentos en una conferencia de prensa.

Una ciudad ribereña que no mira para otro lado

El intendente Martín Perez fue categórico: “Río Grande no puede ser indiferente frente a la explotación de los recursos naturales argentinos en el Atlántico Sur”. Y remarcó que la ciudad debe asumir la defensa del ambiente, los recursos estratégicos y la soberanía también desde el ámbito judicial. “Defender Malvinas también es actuar”, sentenció.

El secretario de Gobierno, Gastón Díaz, ató la decisión a la condición costera de Río Grande y a las obligaciones ambientales de la Carta Orgánica. “Para nosotros, como Municipio de Río Grande, una ciudad ribereña de la costa atlántica, es muy importante la presentación que hemos hecho ante el Juzgado Federal”, afirmó. Para el funcionario, el planteo no se agota en lo ambiental: “tiene como base el cuidado del ambiente, pero claramente tiene que ver con la cuestión del ejercicio de la soberanía”. Además, valoró que la jueza federal local haya declarado la competencia del tribunal: “Lo que está diciendo la jueza federal es que tiene jurisdicción sobre este territorio que es argentino”.

Contactos y estrategia para sumar apoyos

Díaz confirmó que Perez ya se comunicó con otros municipios de la costa atlántica para informarles los alcances del expediente y explorar su incorporación o acompañamiento institucional. La intención es ampliar el respaldo político y territorial, apelando a una preocupación compartida por la protección de los ecosistemas y recursos del Atlántico Sur.

El asesor Legal y Técnico del Municipio, Sebastián Tessei, detalló que la causa fue iniciada como acción preventiva por daño ambiental contra Navitas y Rockhopper. La demanda abarca tanto la discusión sobre la soberanía de las Islas Malvinas como la aplicación de la normativa argentina en materia ambiental y de residuos peligrosos. El planteo solicita una medida cautelar de no innovar y el cese de las actividades hidrocarburíferas hasta que se resuelva el fondo del asunto.

Ahora será el Juzgado Federal de Río Grande el que defina bajo qué carácter intervendrá formalmente la ciudad en el proceso.

Los riesgos ambientales que preocupan

La licenciada en Ciencias Ambientales Gabriela Lucero advirtió sobre las consecuencias de una eventual explotación petrolera en el área. “Son riesgos potencialmente muy graves, sobre todo lo que es la biodiversidad”, alertó, y subrayó que el espacio marítimo involucrado y la costa atlántica conforman un sistema ambiental interrelacionado.

Desde el Municipio sostienen que los impactos no quedarían acotados al punto de extracción, sino que podrían alcanzar ecosistemas marinos, la biodiversidad y los recursos pesqueros. Con esta presentación, Río Grande suma la defensa ambiental y de los recursos naturales a su histórica reivindicación de soberanía sobre las Islas Malvinas.