Riesgos de trabajo en San Luis: el Gobierno firmó un convenio clave y Amondarain marcó el contraste con la litigiosidad

El Gobierno de San Luis, el Superior Tribunal de Justicia y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) firmaron este viernes un convenio para profundizar la implementación del sistema de riesgos de trabajo en la provincia. El acuerdo fue suscripto por el gobernador Claudio Poggi, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Jorge Levingston, y el gerente general de la SRT, Fernando Pérez.

La firma se da en el marco del proceso iniciado a fines de 2024, cuando la Legislatura provincial adhirió a la normativa nacional sobre riesgos del trabajo. El ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain, celebró el avance y destacó el trabajo conjunto entre los tres poderes del Estado: “Creo que hoy se materializa que en esta temática en San Luis los tres poderes del Estado están pateando para el mismo arco”, sostuvo.

¿Qué implica el convenio?

Tras la adhesión legislativa, el Ejecutivo ya había avanzado junto con la SRT en la puesta en funcionamiento de las comisiones médicas en las tres circunscripciones judiciales de la provincia. Ahora, el Superior Tribunal de Justicia se incorpora con la creación, por acordada, de un Área Especializada en Riesgos de Trabajo dentro del Cuerpo Profesional Forense.

El convenio establece que la SRT brindará capacitaciones a los distintos actores involucrados, mientras que el Superior Tribunal de Justicia implementará el área especializada y el Ejecutivo provincial afrontará los costos de funcionamiento.

Resultados y beneficios

Amondarain destacó los resultados desde la puesta en marcha de las comisiones médicas: según un informe de la SRT, más del 90% de los acuerdos vinculados con enfermedades profesionales y accidentes laborales son homologados en esas instancias. “Esto nos potencia como provincia porque nos pone por encima de la media nacional y, por supuesto, descomprime la Justicia”, afirmó.

El funcionario señaló que el sistema beneficia a trabajadores, empresas, Poder Judicial y Estado provincial, y que “en esta materia se le está devolviendo competitividad a San Luis”. Además, vinculó esta política con un reclamo histórico del sector industrial: los niveles de litigiosidad y siniestralidad laboral.

“Desde un primer momento, el Gobernador está a la par de las industrias y uno de los reclamos más persistentes desde ese sector era la litigiosidad que había en San Luis y los números de siniestralidad”, explicó. Y concluyó: “Si tenemos menos siniestralidad y menos litigiosidad en la provincia de San Luis, los costos de las aseguradoras de riesgo de trabajo bajan enormemente, y eso es lo que estamos persiguiendo”.