Revolución en la Justicia: jubilaron a tres vocales del Tribunal Superior y el Gobierno ya prepara nuevos pliegos

La Caja de Previsión Social de Santa Cruz aprobó las primeras 27 jubilaciones amparadas en el Decreto 608, entre ellas las de tres vocales del Tribunal Superior de Justicia. La medida, firmada por el gobernador Claudio Vidal, desató un fuerte cruce con el vocal de los activos, Cristian Sánchez, que anticipó nuevas presentaciones judiciales.

El Directorio de la Caja de Previsión Social de Santa Cruz (CPS) sesionó de manera extraordinaria y dio luz verde a las primeras jubilaciones alcanzadas por el Decreto Provincial N° 608, una norma que busca agilizar los trámites previsionales pero que ya tiene un historial de controversias. Entre los beneficiarios figuran 13 integrantes del Poder Judicial, pero lo que realmente generó conmoción fue la inclusión de Alicia de los Ángeles Mercau, Reneé Fernández y Paula Ludueña, vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Fuentes del organismo confirmaron a La Opinión Austral que las tres magistradas habían iniciado el trámite por voluntad propia. “Todas estas personas iniciaron el trámite, llenaron un formulario que reviste como declaración jurada”, aseguraron, y aclararon que, al haber solicitado el beneficio, no se aplica el artículo 136 de la ley 1782, que establece un plazo de dos años para jubilarse. “Ese plazo es para cuando el trabajador no inició el trámite, pero cuando sí lo hizo y se completa el circuito administrativo, la persona se jubila”, explicaron.

¿Qué pasa con las vocales del TSJ?

La decisión de la Caja no implica una salida inmediata. Según el procedimiento, una vez notificado el beneficio, el empleador tiene 30 días para presentar el cese; si no lo hace, el titular accede automáticamente a la jubilación al día 31. Sin embargo, existe la posibilidad de que el Poder Judicial solicite una prórroga de 180 días hábiles por razones extraordinarias, siempre que lo informe a la Caja de Previsión. “No se jubila a nadie de oficio; le pidieron algo al Estado y el Estado se lo está dando”, sostuvieron las fuentes.

El malestar no tardó en aparecer. Cristian Sánchez, vocal por los activos, fue uno de los primeros en alzar la voz y calificó la convocatoria como “extraordinaria” y fuera del cronograma habitual. “Nos sorprendió que justamente era una reunión para dar altas de beneficios jubilatorios. Generalmente se hacen en reuniones comunes, no en reuniones extraordinarias”, señaló en diálogo con este medio.

El decreto que desató la polémica

El Decreto 608, promulgado el 18 de junio de 2024, fue cuestionado desde el inicio por Sánchez, con el patrocinio del abogado Matías Solano, por considerarlo inconstitucional. Según su interpretación, un decreto no puede modificar una ley jubilatoria y, además, representa una intromisión del Ejecutivo en otros poderes del Estado. En octubre de ese año, la anterior composición del TSJ aplicó una medida cautelar que frenó su implementación, pero el nuevo tribunal, ahora integrado por nueve miembros, la dejó sin efecto, reactivando el proceso.

“Hoy nuevamente sale a flote porque el nuevo TSJ hace caer la cautelar y la Caja empieza a aplicarlo automáticamente”, explicó Sánchez, quien confirmó que se reunirá con su abogado para definir los próximos pasos judiciales.

“Es una intencionalidad política”

El vocal por los activos fue contundente al referirse a la motivación detrás de las jubilaciones. “No creo que tenga nada que ver con sanear el sistema previsional. Esto es claramente una intencionalidad política en contra del Tribunal Superior de Justicia, para sacar jueces que no son de tu partido político”, afirmó. Además, alertó sobre el riesgo para la sustentabilidad del sistema: “El aportante activo es el que sostiene el sistema y así lo único que estamos haciendo es sacarnos los activos de encima y quedarnos con más jubilados que activos. Es peligroso lo que está pasando”.

Según Sánchez, las 27 jubilaciones aprobadas incluyen a 13 integrantes del TSJ, quienes “desconocen totalmente” que están siendo alcanzadas por el decreto y que no habrían iniciado el trámite voluntariamente. “Estas personas ni siquiera saben que están siendo jubiladas. Se las va a jubilar, se las va a notificar y después el empleador tendrá 180 días para decidir si continúan trabajando o no”, manifestó.

La Caja de Previsión está compuesta por un presidente, Pablo Pérez; los vocales por el Poder Ejecutivo, Paola Carrillo y Harold Bark; la vocal por el sector Pasivo, Viviana Carabajal; y el vocal por el sector Activo, Cristian Sánchez. En la votación, los representantes de los trabajadores activos y pasivos votaron en contra, pero la mayoría oficialista impuso la medida.

Con la salida de las tres vocales, el TSJ quedará con seis integrantes, por lo que el Ejecutivo deberá enviar tres nuevos pliegos a la Cámara de Diputados para completar los nueve miembros que establece la nueva composición. La noticia llega en un momento de alta tensión política, a meses de la ampliación del máximo tribunal provincial, y promete seguir dando que hablar.