Revolución en la Justicia: el plan del Gobierno para achicar Comodoro Py y mudar recursos a las fronteras

El Gobierno ultima una reforma judicial que promete sacudir los cimientos de Comodoro Py y reorientar los recursos hacia los juzgados federales de las zonas de frontera, donde el narcotráfico y el crimen organizado desbordan las estructuras actuales. La iniciativa, que se enviaría al Congreso en septiembre, apunta a una redistribución profunda de capacidades dentro de la Justicia federal.

En la Casa Rosada ya hablan de una transformación de gran envergadura. "Es una reforma grande, que se va a mandar al Congreso cuando esté terminado", aseguran desde Nación, aunque el esquema aún está en elaboración y no hay precisiones sobre todos los tribunales alcanzados. La idea central, según Balcarce 50, es "redireccionar" recursos hacia las jurisdicciones más críticas, especialmente las atravesadas por el narcotráfico y los delitos transnacionales.

Fronteras: el nuevo epicentro de la Justicia

Uno de los ejes será reforzar los juzgados federales de primera instancia en las fronteras. El diagnóstico oficial es contundente: hay jurisdicciones con una carga de trabajo vinculada al narcotráfico, contrabando y crimen organizado que tienen estructuras insuficientes, mientras otras instancias mantienen cargos que podrían reducirse o reorganizarse.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, ya había expuesto este panorama en público. Puso como ejemplo que una jueza federal de La Pampa debe subrogar actualmente el Juzgado Federal de Tartagal, en Salta, y calificó como "catastrófico" el nivel de vacantes de la Justicia federal del interior, especialmente en zonas de frontera.

La contracara será una reducción de cargos y estructuras en otros sectores de la Justicia federal. En la Casa Rosada analizan achicar la integración de algunas cámaras federales provinciales y trasladar parte de esos recursos a órganos de primera instancia. Por ahora no precisan cuáles serán las jurisdicciones alcanzadas ni la cantidad final de cargos que se eliminarán o transformarán.

Comodoro Py y la Casación: en la mira

El plan incluye además a Comodoro Py. Mahiques confirmó que el Gobierno estudia reducir de 12 a ocho los juzgados federales de primera instancia que funcionan allí. La estructura actual de doce juzgados terminó de conformarse mediante la Ley 24.091, que en 1992 creó los juzgados 7 a 12 sobre los seis que ya existían.

También está bajo análisis achicar la Cámara Federal de Casación Penal de 13 a nueve jueces. Hoy la ley establece expresamente una integración de trece magistrados, distribuidos en cuatro salas de tres miembros y una presidencia, por lo que modificar esa estructura requiere pasar por el Congreso.

La revisión podría alcanzar además cargos vacantes de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, la Casación Nacional y la Cámara del Crimen, entre otras dependencias. El criterio que transmite Justicia es evitar cubrir automáticamente estructuras que después pretende reducir y utilizar esos cargos presupuestarios para fortalecer otras jurisdicciones.

Los pliegos, antes que la reforma

La reforma se presentará después de que el oficialismo avance con los pliegos para la Cámara Federal porteña. El Ejecutivo propuso a Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para dos vocalías de la Sala I y el Senado los votara esta semana. En el Gobierno apuntan a cerrar primero esa negociación antes de abrir la discusión por la reorganización de los tribunales.

Ese movimiento forma parte de una agenda más amplia para cubrir vacantes. El Gobierno informó que ya envió 203 pliegos judiciales al Senado, con prioridad en juzgados de primera instancia y cámaras. El criterio coincide con la línea que Mahiques había fijado desde su llegada al Ministerio: completar primero las estructuras operativas con mayores niveles de vacancia antes de avanzar sobre los cargos de máxima jerarquía.

Qué pasa con la Corte y la Procuración

En ese marco, la Corte Suprema quedó relegada de la agenda inmediata. Pese a que Milei reconoció públicamente que estudia nombres para cubrir los dos lugares vacantes, en Balcarce 50 descartan impulsar nuevas postulaciones en esta etapa. "Antes de todo eso, se va a avanzar con los juzgados electorales. Falta mucho", expresan en Nación.

La misma cautela alcanza a la Procuración General de la Nación. En el Gobierno ponen en duda avanzar en el corto plazo con un candidato para reemplazar definitivamente al procurador interino Eduardo Casal. Tanto la Corte como la Procuración necesitan acuerdos políticos más exigentes en el Senado y, según la hoja de ruta oficial, quedaron detrás de la cobertura de los juzgados electorales y de la reorganización judicial.

El orden de prioridades marca además una diferencia con el programa original de La Libertad Avanza. El plan presentado antes de llegar al Gobierno incluía expresamente completar la Corte Suprema y la Procuración, cubrir las vacantes federales y promover la "independencia económica absoluta" del Poder Judicial. La administración de Milei mantiene el objetivo de cubrir tribunales, pero actualmente descarta avanzar con una reforma sobre la autonomía económica de la Justicia.

El sistema acusatorio, en paralelo

La reorganización se combinará con la implementación del sistema acusatorio federal, que cambia la distribución del trabajo entre jueces y fiscales. El esquema ya rige en nueve distritos federales y el cronograma oficial prevé que llegue a Posadas el 24 de agosto, a La Plata el 21 de septiembre y a Córdoba el 8 de marzo de 2027; para los fueros Federal y Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires está programado para el 15 de febrero de 2027.

En Balcarce 50 presentan así el proyecto de septiembre como una reasignación de la estructura judicial antes que como una ampliación general del sistema: menos cargos en tribunales que consideran sobredimensionados y más recursos de primera instancia en las fronteras y zonas atravesadas por el narcotráfico. El detalle final -qué cámaras se achicarán, qué juzgados se reforzarán y cómo se transferirán los cargos- todavía está en elaboración y deberá quedar plasmado en la iniciativa que el Ejecutivo pretende enviar al Congreso.