Revisan la condena de un ex fiscal y un empleado judicial por una trama que dejó al descubierto una red de poder

Un tribunal de segunda instancia comenzó a revisar las condenas de un ex fiscal regional y un empleado judicial, penados por integrar una asociación ilícita vinculada al juego clandestino. La audiencia de apelación se desarrollará a lo largo de varias jornadas en los Tribunales Provinciales, con la participación de fiscales y defensores que buscan modificar o confirmar las sentencias.

Los camaristas Javier Beltramone, Ismael Manfrin y Carolina Hernández son los encargados de analizar los casos de Patricio Serjal, condenado a 9 años de prisión, y Nelson Ugolini, que purga una pena de cinco años. La Fiscalía está representada por Marisol Fabbro y José Luis Caterina, quienes heredaron la investigación tras el apartamiento de los fiscales originales, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra.

Por la defensa, Serjal y Ugolini cuentan con los abogados Ignacio Carbone, Renzo Biga y Francisco Broglia. El pasado 7 de noviembre, los jueces Nicolás Foppiani, Facundo Becerra y Hebe Marcogliese habían dictado las condenas, hallándolos culpables de integrar una asociación ilícita.

¿Qué delitos se les atribuyeron?

A Serjal, de 48 años, le imputaron asociación ilícita en carácter de organizador, cohecho pasivo agravado, falsedad ideológica, omisión de persecución y peculado de servicios. La Fiscalía había solicitado una pena de 12 años de prisión, pero la sentencia fue de 9 años, además de inhabilitarlo de por vida para ejercer cargos públicos.

Durante el juicio, el fiscal Caterina expuso cómo Serjal brindó cobertura judicial a una operatoria de juego clandestino encabezada por el empresario Leonardo Peiti, que además tenía “nervaduras políticas” con participación de civiles, empresarios y otras personas.

A Ugolini, de 38 años, lo acusaron de integrar la misma asociación ilícita, además de incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho pasivo simple. Ambos están señalados como parte de una red —la “pata judicial”— que protegió y usufructuó la recaudación del juego clandestino.

¿Quiénes más están involucrados?

Entre los ya condenados en la causa —en procedimientos abreviados— figuran Peiti, el exfiscal Gustavo Ponce Asahad, quienes declararon como arrepentidos e involucraron a Serjal, y el comisario retirado Alejandro Torrisi. Caterina explicó que se avanzó con Serjal y Ugolini porque eran quienes ya “estaban en condiciones, ya que tenían el inicio de juicio en expectativa desde julio de 2023”.

“Luego de haber imputado al senador Armando Traferri en septiembre-octubre de 2024, como este proceso ya estaba muy adelantado, decidimos llevarlo a juicio para no alargar más esta situación, que deberá esperar en relación a otros imputados”, explicó Caterina meses atrás, al referirse a quien le atribuyen ser el jefe, “el escalafón más alto de esta estructura delictiva cuyo principal objetivo estaba destinado a dar cobertura al juego clandestino en la provincia de Santa Fe”, el senador Traferri.

¿Qué reclama el senador mencionado?

Por estos días, Traferri presentó ante el Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia de Rosario una acción declarativa de inconstitucionalidad en la que sostiene haber sido juzgado de hecho en un proceso del que fue excluido, sin acusación formal en su contra y sin posibilidad de ejercer su defensa. La presentación fue patrocinada por los abogados Oscar Eduardo Romera y Juan Ignacio Murray.

La denuncia del senador señala que la sentencia 593, dictada el 7 de noviembre de 2025, menciona su nombre en 129 oportunidades a lo largo de más de 200 páginas. En esas referencias, el fallo le atribuye el rol de jefe de la asociación ilícita, describe su supuesta interacción con los condenados y terceras personas y valora prueba de cargo en su contra.

“Solo tuvieron el prurito de no incluirme en la parte resolutiva”, sostiene Traferri en su presentación. Además del legislador, en la causa se menciona a un grupo de abogados, un exdiputado y un empresario señalados como parte de “una asociación ilícita cuya organización contaba con diferentes miembros que cumplían roles específicos”, entre ellos “esfuerzos para ocultar o disimular el origen del dinero y su destino”.