La Corte ya reconoció que los retirados policiales de Río Negro pueden cobrar la zona austral junto al adicional por zona desfavorable. Ahora el pedido es otro: que la ANSES lo aplique sin obligarlos a iniciar un juicio cada uno.
Un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación abrió la puerta para que los retirados y pensionados de la Policía de Río Negro puedan cobrar dos beneficios que hasta ahora se les reconocían por separado y solo con abogado de por medio. El bloque CC ARI Cambiemos presentó un proyecto de comunicación para que el Gobierno Nacional y la ANSES apliquen ese criterio sin necesidad de juicios individuales.
La iniciativa se apoya en la resolución dictada el 12 de noviembre de 2026 en la causa "Nicolini, David Atilio c/ ANSES", donde el máximo tribunal entendió que la bonificación por zona austral y el adicional por zona desfavorable pueden percibirse en forma conjunta.
Dos conceptos con naturaleza distinta
El fallo dejó en claro que se trata de dos componentes que no se superponen. El adicional por zona desfavorable es un concepto remunerativo sobre el que se hacen aportes previsionales. La bonificación por zona austral, en cambio, nace de la Ley Nacional 19.485 y está atada a la residencia en las regiones alcanzadas por esa norma.
Para el tribunal, esa diferencia de origen jurídico descarta cualquier incompatibilidad legal entre ambos beneficios.
El reclamo de Acevedo
El presidente del bloque, Javier Acevedo, señaló que el pronunciamiento permite cerrar una situación que durante años empujó a muchos retirados y pensionados policiales a los tribunales para que se les reconociera el beneficio. Esa vía judicial, además, generó diferencias entre personas que estaban en circunstancias equivalentes, según planteó el legislador.
Los autores de la iniciativa sostienen que hace falta una respuesta institucional para "evitar la prolongación innecesaria de los conflictos judiciales" y para que todos los que cumplen los requisitos reciban el mismo tratamiento.
Qué le piden a la ANSES y a la Provincia
El proyecto solicita al organismo previsional que fije los procedimientos para reconocer y abonar la bonificación, con la idea de que se aplique de oficio cuando la información disponible lo permita. También pide que se evalúe la regularización de las diferencias económicas que pudieran corresponder.
En paralelo, la propuesta contempla que el Gobierno de Río Negro articule con los organismos nacionales y aporte datos previsionales y administrativos para identificar a los beneficiarios. A los representantes rionegrinos en el Congreso les piden que acompañen y sigan las gestiones.
La meta final es que el criterio de la Corte se convierta en una solución administrativa de alcance general: igualdad de trato, seguridad jurídica y menos retirados policiales iniciando acciones individuales para acceder a un derecho que ya les reconocieron.