Renunció y generó polémica: el Colegio de Abogados salió en defensa del ex funcionario que defendió a un acusado de homicidio

El ex secretario de Seguridad de Paso de los Libres, Gustavo García, renunció tras asumir la defensa del único imputado por la muerte del docente Mauro Báez Martelli. Ahora, el Colegio de Abogados de la 4ª Circunscripción Judicial de Corrientes y la abogada María Agustina Jordán salieron a respaldarlo y reivindicaron el derecho a la defensa.

La controversia estalló cuando se conoció que García, hasta entonces funcionario municipal, patrocinaba al automovilista que atropelló y mató al profesor. La presión social lo obligó a dejar su cargo, pero la entidad que agrupa a los letrados consideró que no hubo incompatibilidad legal ni ética.

¿Qué dijo la abogada María Agustina Jordán?

En una carta abierta, Jordán afirmó que el debate va más allá de García: se trata de un principio fundamental del Estado de Derecho. Citó el artículo 18 de la Constitución Nacional, que establece que "la defensa en juicio de la persona y de los derechos es inviolable". Aclaró que defender a un imputado no implica justificar los hechos, sino garantizar el debido proceso.

También expresó respeto por el dolor de la familia de la víctima, pero insistió en que la justicia debe buscarse dentro del marco legal.

El comunicado del Colegio de Abogados

La institución repudió las expresiones injuriosas contra los abogados que participaron en la causa, como la frase "abogados de asesinos" pronunciada en manifestaciones. Recordó que toda persona goza de presunción de inocencia hasta que haya condena firme, y señaló que identificar al defensor con los hechos de su cliente es un grave error.

El Directorio sostuvo que exigir la renuncia de un funcionario por ejercer la defensa penal castiga el libre ejercicio de la abogacía. Además, indicó que el Decreto Ley N.º 119/2001 no establece incompatibilidad para que un abogado con cargo público municipal asuma una defensa penal ajena a sus funciones. Por lo tanto, consideró improcedente crear restricciones por presión social o política.

Finalmente, el Colegio aclaró que su respaldo no implica opinar sobre la responsabilidad penal del imputado, cuestión que deberá resolver la Justicia. Convocó a la comunidad a distinguir entre el reclamo legítimo de la familia y las garantías constitucionales.

El caso sigue generando debate en Paso de los Libres, donde se cruzan el reclamo de justicia con la discusión sobre los límites de la presión pública. Además, desde la Secretaría de Seguridad municipal se aclaró que la seguridad vial no es de su competencia, y se evalúan acciones penales y civiles contra quienes iniciaron el escarnio.