Renunció el intendente de Puerto Yeruá: la deuda millonaria que lo persigue igual

Daniel Sergio Benítez dejó de ser intendente de Puerto Yeruá. Lo hizo el martes 20, con una nota dirigida a la viceintendenta Liliana Sgüerzo en la que argumentó “razones estrictamente personales, de índole familiar y de salud, que hacen imposible el cumplimiento de mis funciones como tal”.

La localidad, ubicada a 40 kilómetros de Concordia, queda ahora en manos de Sgüerzo, la misma dirigente que ya había ocupado el Ejecutivo tras la salida abrupta de Fabián Cevey por el conocido conflicto de los terrenos.

Pero la dimisión no cierra la historia. Según Rubén Bonelli, integrante de la Asociación Artiguista de Puerto Yeruá, el jefe comunal saliente arrastra una condena laboral con sentencia firme y una deuda que no se extingue con la renuncia.

“Goza de buena salud”: la versión que contradice la carta

Bonelli puso en duda los motivos esgrimidos en la nota de renuncia. En diálogo con el programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7, fue directo: “Lo que se dice en el pueblo es que el intendente goza de buena salud. Eso como primer elemento. Y segundo es que él viene arrastrando serias dificultades”.

El referente repasó la trayectoria del saliente intendente: militó en el PRO y en Cambiemos, y estaba previsto que fuera candidato por esa fuerza en 2019. Después se alió con Sgüerzo, que lo sumó como secretario de Producción del Municipio y luego lo lanzó como candidato. Ganó las elecciones.

Para Bonelli, Benítez “no tiene una posición ideológica definida, ni menos político partidaria, sino como diría mi abuela, está para el lado que sale del sol siempre”.

El traslado que terminó en los tribunales

El conflicto que marcó su gestión tiene nombre y apellido. Bonelli recordó el caso de Marcela, una empleada que trabajaba en la Mesa de Entradas de la Municipalidad. Según su relato, Benítez “la sacó compulsivamente de manera autoritaria y la trasladó como a 20 cuadras de la Municipalidad, en una oficinita muy chica, al lado un tanque de agua en condiciones edilicias pésimas, sin un baño para mujeres”.

Esa situación derivó en una denuncia por violencia laboral y persecución ideológica. En esa causa resultaron condenados el intendente y su secretaria de Gobierno, Silvia Bel.

De acuerdo con Bonelli, Bel debió pagar 9 millones de pesos y Benítez, 26 millones. El exjefe comunal asumió dos compromisos de pago que no cumplió, y hoy, con los intereses por mora, la deuda con la exempleada rondaría los 40 millones de pesos.

“Hay una deuda que está con sentencia firme. Más allá de que renuncie al cargo de intendente, esa deuda no se extingue, así que de alguna forma Benítez va a tener que hacer frente”, subrayó Bonelli.

Qué dice el expediente

La causa tramitó en el Juzgado Laboral N° 4 de Concordia, a cargo de Roberto Elvio Masarra. Marcela Daniela Schvin presentó la denuncia por violencia y discriminación en el ámbito laboral el 11 de marzo de 2023 contra la Municipalidad de Puerto Yeruá, representada por Benítez y por Bel, entonces secretaria de Gobierno y Hacienda. En ese momento reclamó 926.647,62 pesos.

En su presentación, la mujer detalló que en 2007 fue elegida concejal junto a Benítez y que los primeros roces aparecieron cuando se separó del bloque de la lista 100. En 2011 fue reelecta por una lista opositora y en 2012 dejó la banca para trabajar como cajera en la Mesa de Entradas del Municipio.

El 2 de marzo de 2020, Benítez firmó un decreto que la desafectó de esa función y la reubicó en Obras Sanitarias. Dos años después, otro decreto le sustrajo “indebidamente retribuciones salariales correspondientes a los códigos 208, 222 y 244 de su recibo de haberes”, lo que afectó ingresos de carácter alimentario para ella y su hijo.

La Justicia entendió que se configuró “una situación de violencia y discriminación en el ámbito del trabajo” y condenó a Benítez y a Bel a pagarle a Schvin el equivalente a 13 salarios de la categoría de atención de caja del área de rentas, con intereses desde la notificación de la demanda hasta el pago efectivo, a la tasa del Banco de la Nación Argentina.

Además, les ordenó acreditar en el expediente, dentro de los 60 días de notificado el fallo, la aprobación de un curso de capacitación en perspectiva de género dictado por la Oficina de la Mujer del STJER.

Hasta ahora, la deuda sigue impaga. Según Bonelli, el ahora exintendente intentó cerrar un acuerdo entregándole una moto a la damnificada, pero la propuesta fue rechazada.