Reincidió en la venta de drogas y ahora pierde algo que no esperaba

Una vivienda de Alto Comedero que ya había sido allanada por venta de drogas volvió a ser el centro de la investigación policial. La justicia ordenó el desalojo y la restitución del inmueble al Estado Provincial tras comprobar que la actividad ilícita continuaba en el mismo lugar.

La medida fue dispuesta por el juez con competencia en Narcomenudeo, Pablo Pullen Llermanos, a pedido de la fiscal Angélica Griselda Solís, quien aplicó el artículo 10 bis de la Ley 6472, una herramienta incorporada por la reciente reforma legislativa local.

Una historia que se repitió

La investigación preliminar se inició a principios de 2026. En los primeros días de mayo, la Brigada de Narcotráfico realizó un primer allanamiento en el inmueble del sector del Aeroclub, donde secuestró cerca de 200 envoltorios de cocaína y elementos de fraccionamiento. En ese operativo quedaron detenidos un hombre y una mujer con prisión preventiva.

Sin embargo, con el correr de los meses, la policía constató que la venta de estupefacientes seguía funcionando en el mismo portón. "La policía de la provincia me vuelve a dar la noticia de que tenemos nuevamente situaciones de venta en el mismo lugar. Esto era una prueba fehaciente de que este bien inmueble era utilizado para fines ilícitos y para la venta de sustancias estupefacientes", explicó la fiscal Solís.

En un segundo operativo se incautó más sustancia fraccionada, dinero y teléfonos, y se detuvo a otras cuatro personas. Frente a la reincidencia, la fiscalía recurrió al artículo 10 bis: "Es una medida accesoria y complementaria a la persecución penal donde podemos pedir distintas medidas como el desalojo inmediato, el aseguramiento, un embargo preventivo, un derribo de la construcción o la restitución a su legítimo propietario".

El destino de la propiedad

Para solicitar la restitución formal, la fiscalía debió acreditar la titularidad del predio. Una sentencia de la Suprema Corte de la provincia de 2021 determinó que la propiedad ya no pertenecía al Aeroclub, sino que la titularidad dominial corresponde formalmente al Estado Provincial.

Consultada sobre el destino final del inmueble, Solís precisó: "La prioridad siempre va a ser algún programa de prevención, asistencia de adicciones o algún espacio de inclusión comunitaria, capacitación laboral o fortalecimiento en todo lo que tiene que ver con la seguridad pública".

La funcionaria del Ministerio Público de la Acusación también confirmó que este procedimiento forma parte de un plan integral para desalentar la instalación de bocas de expendio en toda la provincia. "Ya tomé contacto con el mapa del delito que maneja la Dirección de Narcotráfico y la intención es replicar estas medidas en distintos sectores de San Salvador, Palpalá, Perico, el Ramal, la Quebrada y la Puna", concluyó.