Reforma laboral en Entre Ríos: los gremios marcaron tres puntos que preocupan a los trabajadores
La CGT entrerriana se sentó en las comisiones de Diputados y marcó tres cambios del nuevo Código Procesal Laboral que, según su lectura, le pueden jugar en contra al trabajador a la hora de reclamar y cobrar. Uno de esos puntos tiene que ver con lo que pasa si el empleador condenado apela.
Las siete regionales de la CGT de Entre Ríos se presentaron ante las comisiones de Trabajo y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para opinar sobre el proyecto que modifica el Código Procesal Laboral de la provincia. La delegación estuvo encabezada por el secretario general de la CGT Regional Paraná, Jorge “Piry” Ávalos, y contó con la participación de Federico Colominas, titular del Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (SOEVER).
Los dirigentes no fueron a rechazar de plano la iniciativa. Fueron a señalar qué disposiciones, según su lectura, podrían dejar a los trabajadores con menos herramientas a la hora de reclamar ante la Justicia. Los planteos se centraron en tres ejes: las garantías para cobrar una sentencia, los honorarios de los peritos y el funcionamiento del nuevo cuerpo médico que se quiere crear.
La garantía que hoy respalda una apelación
Uno de los reparos más firmes que expuso Colominas tuvo que ver con la propuesta de eliminar la garantía patrimonial que hoy debe constituir el empleador condenado si quiere apelar un fallo. El dirigente aclaró que no discute el derecho a recurrir una sentencia, pero pidió que se conserven mecanismos que aseguren que ese fallo, si se gana, se pueda cobrar.
“Una sentencia que se gana pero después no se puede cobrar pierde buena parte de su valor”, sostuvo el titular de SOEVER. Por eso reclamó que cualquier cambio en ese punto contemple una garantía alternativa para cubrir una eventual insolvencia del empleador.
En la misma línea, planteó que la discusión no puede quedarse en la letra chica del articulado. “Modernizar y agilizar la Justicia Laboral puede ser necesario”, expresó, aunque remarcó que cada modificación debería evaluarse también desde la protección de las partes involucradas.
Peritos y el riesgo de quedarse sin pruebas
El segundo foco de observaciones apuntó a los honorarios de peritos y auxiliares de justicia. Para Colominas, fijar topes rígidos podría desalentar a los especialistas a participar en las causas y, con eso, resentir la calidad de la prueba.
“Una pericia contable, médica, de higiene o de ingeniería puede ser decisiva para demostrar lo que le ocurrió a un trabajador”, afirmó. Su observación se centró en el peso que esos informes técnicos tienen a la hora de resolver un reclamo.
El tercer punto que puso sobre la mesa fue la creación de un cuerpo médico especializado en riesgos del trabajo, con sede en Paraná y competencia para intervenir en causas de toda la provincia. Colominas valoró la especialización, pero advirtió que la centralización no debería traducirse en más costos, traslados o demoras para los trabajadores que viven en el interior entrerriano.
El pedido de fondo: sentarse antes de que se decida
Las regionales de la CGT solicitaron que se profundicen las conversaciones antes de avanzar con cambios en las garantías procesales. Colominas defendió la participación sindical como una parte necesaria del tratamiento legislativo de la reforma.
“Los trabajadores tienen que estar presentes antes de que las decisiones estén tomadas”, manifestó. Y aclaró que esa intervención no equivale a rechazar cualquier modificación del sistema.
“No estamos en contra de modernizar. Estamos en contra de que, en nombre de la modernización, el trabajador termine perdiendo herramientas para reclamar, probar o cobrar un derecho”, concluyó. Las observaciones quedaron presentadas como aportes de la representación gremial al debate del proyecto.
