Reforma de seguridad en Santa Fe: el oficialismo avanza, pero con un límite inesperado
El oficialismo iba a aprobar sin cambios los proyectos de Pullaro, pero Corral anticipó que meterán mano para evitar problemas constitucionales. Qué puntos del paquete quedan en la mira.
La Cámara de Diputados de Santa Fe se prepara para debatir un nuevo marco regulatorio en seguridad impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro. El diputado radical José Corral confirmó que el bloque oficialista acompañará los proyectos del Ejecutivo, aunque anticipó que se introducirán cambios sustanciales para evitar objeciones constitucionales.
"Vamos a aprobar los mensajes del Ejecutivo, pero no lo vamos a hacer a libro cerrado. Vamos a mejorar la normativa para estar seguros de que cumplimos con las normas constitucionales. No queremos un Estado bobo ni un garantismo estúpido", afirmó el legislador de Unidos para Cambiar Santa Fe.
La definición se da en el marco de la ronda de consultas institucionales previa al debate en el recinto, previsto para la próxima semana. Corral aseguró que se están recogiendo las observaciones de todos los sectores involucrados para no sacar una ley "a libro cerrado".
Los puntos más controvertidos del paquete
El proyecto incluye aspectos que generaron debate, como la regulación de allanamientos sin orden judicial previa en situaciones de flagrancia o emergencia, y la posibilidad de receptar declaraciones sin la presencia obligatoria de un abogado defensor.
Consultado sobre estas cuestiones, Corral garantizó que las comisiones introducirán correcciones de técnica jurídica: "Buscamos darle celeridad a la Policía y al Ministerio Público de la Acusación (MPA), pero siempre asegurando que el procedimiento respete las garantías procesales y no sea tumbado en instancias judiciales posteriores".
Resultados y respaldo
El exintendente de Santa Fe destacó la reducción de homicidios dolosos en Rosario y en la capital provincial desde el inicio de la gestión. No obstante, remarcó que las nuevas herramientas legislativas apuntan a combatir con agilidad delitos urbanos de alta frecuencia, como la comercialización de telefonía sustraída.
Por su parte, el presidente de la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados y vocero del proyecto oficialista, Martín Rosúa, defendió el enfoque: "Hay que mirar la primera etapa. Tuvimos cinco o seis leyes muy potentes que depararon esta misma discusión. Y tuvimos éxito en los resultados y ningún problema de exceso generalizado en la actuación de la policía o los fiscales".
Con estas precisiones, el oficialismo busca equilibrar la necesidad de herramientas más ágiles para las fuerzas de seguridad con el respeto a las garantías procesales, en un debate que promete intensidad en los próximos días.