Recuperan una vivienda por mes en Río Negro: el drama de los adjudicatarios incumplidores

El IPPV recupera en promedio una vivienda por mes en toda la provincia. Detrás de cada desalojo hay una historia de deudas, abandono y una familia que espera su oportunidad.

En los últimos dos años, 26 viviendas volvieron a manos del Estado por incumplimientos de sus adjudicatarios. Y hay otros 12 expedientes judiciales de desalojo en distintas etapas de tramitación.

¿Qué pasó en Bariloche?

Uno de los casos más recientes lo resolvió el juez Roberto Sosa Lukman. Ordenó a la Asociación Mutual Judicial restituir una vivienda del Plan 180 Viviendas, adjudicada en junio de 2013. La unidad llevaba años desocupada y acumulaba una deuda importante.

El IPPV inició el proceso con la Resolución 358/24, al comprobar que el inmueble “se encontraba deshabitado y en aparente estado de abandono”. Intimaron a la Mutual, pero no obtuvieron respuesta. En septiembre de 2024 presentaron la demanda de desalojo.

Las pruebas del abandono

En el fallo, el juez destacó que las inspecciones acreditaron que la vivienda estaba abandonada, con servicios cortados por falta de pago. Un informe de la Cooperativa de Electricidad Bariloche reveló que no había consumo de energía desde junio de 2021 y que el suministro se suspendió en noviembre de 2023. También se constató el incumplimiento en el pago de las cuotas del plan habitacional.

La defensa y el fallo

La Defensa Oficial representó a la Mutual y cuestionó las notificaciones, alegando que un tercero podría tener derechos sobre la vivienda. Pero el magistrado recordó que la Ley A 2629 limita el control judicial a verificar si el Estado cumplió los requisitos legales. Consideró acreditadas la falta de ocupación, el corte eléctrico, la deuda y las intimaciones. Ordenó la restitución y autorizó la intervención policial si no se entrega voluntariamente.

El fallo aclara que este procedimiento no impide que la Mutual u otros interesados inicien una demanda posterior para cuestionar la desadjudicación. Así, el Estado recupera rápido la vivienda sin cerrar la discusión judicial.

Desde el IPPV explicaron que la mayoría de esas viviendas se readjudican a familias en extrema vulnerabilidad, muchas con integrantes con discapacidad, que ya están en los registros del instituto.