Recorrieron las casas de los afiliados y encontraron que las enfermeras no iban

La nueva conducción de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) encontró irregularidades en las internaciones domiciliarias tras un mes de auditorías presenciales en viviendas de afiliados de Ushuaia y Río Grande. Las diferencias entre lo contratado y lo efectivamente prestado por las empresas derivaron en una intimación formal y en la advertencia de que los convenios podrían darse de baja.

El presidente de la obra social, Gustavo García, contó en radio Provincia que las inspecciones arrancaron por los reclamos reiterados de los beneficiarios. Por eso decidió recorrer los domicilios junto a integrantes del directorio y equipos técnicos para chequear en el lugar cómo se brindaba la atención.

El caso que graficó el problema

Durante más de un mes, las auditorías revelaron incumplimientos concentrados en enfermería y cuidados domiciliarios. García puso un ejemplo concreto: “Por ejemplo, afiliados X que tenían en internación domiciliaria, por ejemplo, por decir, cinco días de enfermería durante una hora por día. Iban una vez a la semana”.

Para determinar qué se estaba pagando y qué no, los auditores cruzaron las planillas de servicios contratados con los testimonios de los propios beneficiarios. Así detectaron prestaciones financiadas que no se cumplían, una situación que el funcionario calificó como especialmente delicada porque involucra a personas con discapacidad, movilidad reducida o que necesitan asistencia permanente.

La cifra que encendió la alarma

El volumen económico del servicio fue otro de los motivos que empujaron la intervención. Según precisó García, “la obra social hoy en internación domiciliaria tenemos un gasto promedio mensual entre Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, arriba de los $900 millones”, correspondientes únicamente a prestaciones médicas.

El presidente de OSEF también mencionó posibles acuerdos irregulares entre algunos afiliados y prestadores para achicar las horas efectivas de atención y repartirse la diferencia de dinero. Sobre ese punto advirtió que son “cuestiones que son serias y son problemáticas”, y remarcó que hay que proteger los recursos de la institución.

Intimación y advertencia a las empresas

Después de las inspecciones, la conducción de la obra social convocó a las empresas a una reunión virtual, les comunicó las irregularidades detectadas y las intimó a regularizar los servicios.

García anticipó que las auditorías van a continuar y que los incumplimientos reiterados podrían terminar en la rescisión de los contratos. Fue tajante sobre esa posibilidad: “Me corresponde a mí, como presidente, dar de baja el convenio, y lo voy a hacer”.

Por último, aclaró que la fiscalización alcanza a todos los prestadores, incluidas clínicas, sanatorios y hospitales públicos. En esos casos habrá advertencias iniciales y, si los desvíos persisten, actuaciones posteriores.