Reconoció su culpa por las obras en Santa Cruz y deberá pagar una cifra histórica
Se sentó frente al juez, reconoció su parte en la maniobra de las obras viales en Santa Cruz y el tribunal no solo le fijó pena: también extendió el decomiso de bienes a todo el grupo. La cifra que deberán afrontar supera los $684.000 millones.
El hijo del empresario Lázaro Báez y otras cinco personas admitieron su responsabilidad en la maniobra de defraudación que rodeó a la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015. La sentencia la dictó el Tribunal Oral Federal N.º 2 y no solo trae penas de prisión: también extiende el decomiso de bienes por casi $685.000 millones.
La resolución se conoció el jueves 12 de noviembre de 2026, en el marco del segundo tramo de la causa Vialidad. El expediente se cerró por la vía del juicio abreviado, un acuerdo entre la fiscalía, las defensas y la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Los seis acusados aceptaron los hechos investigados y quedaron condenados por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública. El juez a cargo fue Andrés Fabián Basso.
Quiénes son los condenados y qué pena le tocó a cada uno
Martín Antonio Báez recibió tres años de prisión por su participación necesaria en la administración fraudulenta. Esa pena se unificó con otra condena previa por lavado de activos agravado, por lo que deberá cumplir en total siete años y nueve meses tras las rejas.
Julio Enrique Mendoza, expresidente de Austral Construcciones, también fue condenado: tres años por Vialidad II que, sumados a una condena anterior por lavado de activos, dejan una pena total de cinco años y nueve meses. Seguirá detenido bajo la modalidad domiciliaria.
Fernando Javier Butti, accionista y apoderado de Austral Construcciones y ligado a otras firmas del grupo, recibió dos años y seis meses de prisión en suspenso.
El resto de los condenados son exfuncionarios de la Dirección Nacional de Vialidad. Carlos Joaquín Alonso, exsubadministrador general; Jorge Eduardo Gregorutti, exgerente de Obras y Servicios Viales; y Sergio Hernán Passacantando, exgerente de Administración, recibieron dos años y ocho meses de prisión en suspenso y una inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos.
El entramado que la Justicia dio por probado en Santa Cruz
El corazón del expediente vuelve a latir en Santa Cruz. Según la sentencia, la maniobra defraudatoria se tejió alrededor de la adjudicación y ejecución de obras públicas viales en la provincia entre 2003 y 2015.
Vialidad II puso la lupa sobre funcionarios de segunda y tercera línea de la Dirección Nacional de Vialidad y sobre empresarios vinculados a las compañías de Lázaro Báez. En el expediente aparecen Austral Construcciones, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto, con un rol central en las contrataciones investigadas.
La reconstrucción judicial describió varios mecanismos: ofertas presentadas por empresas de un mismo grupo empresario, contratos firmados por fuera de las condiciones establecidas y obras ejecutadas bajo un esquema que beneficiaba a las constructoras involucradas.
En ese contexto, Martín Báez tuvo participación en distintas sociedades del grupo. La acusación sostuvo que intervino en la presentación de ofertas, la firma de contratos y la administración de empresas que recibieron adjudicaciones y pagos por las obras públicas.
La investigación también apuntó a cómo se certificaban y pagaban los trabajos. A los exfuncionarios de Vialidad Nacional se les atribuyeron responsabilidades en el manejo de los fondos públicos y en el control de las contrataciones.
El peso del primer Vialidad y la sombra de Cristina Kirchner
Vialidad II es la segunda parte de una investigación que ya había dejado una sentencia de fuerte impacto institucional. En la primera etapa fueron condenados Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez, entre otros, por la administración fraudulenta de la obra pública vial en Santa Cruz.
En noviembre de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la pena de seis años de prisión para la expresidenta y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El 10 de junio de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó ese fallo, que quedó firme.
En aquella primera causa también habían sido condenados el exsecretario de Obras Públicas José López, el extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y exfuncionarios del área de Vialidad de Santa Cruz.
La segunda etapa permitió avanzar sobre otros eslabones de la estructura, en particular empresarios y funcionarios que intervinieron en la contratación, la administración y la ejecución de las obras.
El juez Basso remarcó que los hechos juzgados en Vialidad II son los mismos que pasaron por el debate oral y público de la primera etapa, donde ya se había acreditado la existencia de la maniobra defraudatoria.
El decomiso millonario: qué significa y qué falta definir
Uno de los puntos de mayor impacto económico de la resolución es la extensión del decomiso de bienes a los seis condenados. El monto asciende a $684.990.350.139,86, según la actualización hecha en julio de 2025, y deberá recalcularse al momento de ejecutarse.
La sentencia aclara que no se trata de una deuda nueva ni de un decomiso que se sume al de la primera etapa de Vialidad. La idea es extender la responsabilidad sobre los efectos económicos de la misma maniobra, sin duplicar el monto ya fijado.
Queda por definir el orden en que responderán los condenados y cómo se computarán los bienes que eventualmente ya se hayan recuperado.
Con este fallo, la causa Vialidad suma nuevas condenas contra empresarios y exfuncionarios que participaron del esquema de contrataciones de obra pública investigado en Santa Cruz durante más de una década.
