Reconoció el delito, pagará más de $14 millones y ahora espera una definición clave

El exintendente de Seguí y exresponsable de la Unidad Ejecutora Provincial, Cristian Treppo, admitió su responsabilidad en la causa por los sobreprecios en la pavimentación de 16 cuadras ejecutada en 2015 con fondos del plan nacional "Más Cerca". Lo hizo a través de un juicio abreviado acordado con la Fiscalía, en el que se comprometió a abonar $14.163.056,56.

La presentación se concretó en una audiencia realizada al mediodía de este jueves ante la jueza Matilde Federik. Los fiscales Franco Bongiovanni y Gonzalo Badano expusieron el acuerdo, mientras que la defensa del exfuncionario estuvo a cargo de Germán Coronel. Treppo reconoció el delito de peculado y la magistrada comunicará su resolución en los próximos días.

Cómo se gestó la obra bajo sospecha

Según la imputación de la Fiscalía, en enero de 2015 Treppo, entonces presidente municipal de Seguí, inició gestiones ante el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación —entonces a cargo de José López— para conseguir financiamiento destinado a extender la trama vial con 16 cuadras de asfalto en el ejido urbano de esa localidad del departamento Paraná.

Esas tratativas derivaron en la firma del Convenio Único de Colaboración y Transferencia entre la cartera nacional y la Municipalidad de Seguí, el 14 de mayo de 2015. La obra quedó inscripta en el plan "Más Cerca de Seguí-SSDUV (SVH) 1049/15-EXPTE. N° 307618".

Para el proyecto, el municipio contrató como asesora externa a la ingeniera en construcciones Sara Carina Zapata, designada además responsable técnica de los trabajos. El presupuesto oficial elaborado y presentado ante las autoridades nacionales preveía una inversión de $20.644.036,81.

Contrato y certificaciones bajo la lupa

El mecanismo se encuadró en el procedimiento de excepción de la Ley Provincial N° 10.198, sancionada el 5 de marzo de 2013 y adoptada por el municipio mediante la Ordenanza N° 03/2013, del 8 de marzo de ese año.

De acuerdo con la acusación, Treppo actuó en connivencia con Aníbal Hereñú, responsable de la empresa Organización Industrial Construcciones SA (OICSA), que resultó adjudicataria por el Decreto N° 190/2015 del 8 de junio de 2015. El 25 de junio de ese año firmaron un contrato de obra con precios desproporcionados respecto de los valores de mercado de la época, que terminaron coincidiendo con el presupuesto oficial original.

Los fondos nacionales ingresaron en tres tramos: un anticipo financiero de $4.220.063,96 el 24 de junio de 2015; un primer certificado de $3.830.109,41 el 24 de septiembre de 2015; y un pago final de $12.593.863,44 correspondiente a los certificados 2 y 3, del 26 de enero de 2016. Todo se depositó en la cuenta corriente N° 2230013386 del Banco de la Nación Argentina.

Para justificar esos giros, la ingeniera Zapata y el ingeniero civil Hernán Roberto Barrera —este último en representación de la contratista— emitieron certificaciones de avance: 28,4% en julio, 58,7% entre agosto y noviembre, y 12,9% entre el 11 de enero y el 4 de febrero de 2016. Según la Fiscalía, no realizaron ensayos ni controles de calidad y omitieron los registros correspondientes, con el propósito de acelerar el ritmo de los trabajos y dificultar verificaciones posteriores sobre los materiales y la correspondencia entre lo ejecutado y lo presupuestado.

La acusación sostiene que Treppo, con pleno conocimiento de esas irregularidades, suscribió junto al contador municipal Darío Alexis Monzón —designado representante contable de la obra— las declaraciones juradas de rendición de cuentas que habilitaron los envíos desde Nación.

El monto del acuerdo

El sobreprecio se calculó en $5.591.876. Actualizado con la tasa activa del Banco Nación, las partes acordaron el pago del 40% de esa cifra, que asciende a poco más de 14 millones de pesos. La causa también involucra a Barrera, Monzón, Zapata y Hereñú.

Foto: UNO/Gonzalo Núñez