Recompensas en Santa Fe: el Ejecutivo quiere dejar de depender de los fiscales para ofrecer plata por datos

La Legislatura santafesina tiene sobre la mesa un paquete de leyes en materia de seguridad impulsado por el Ejecutivo. Entre los puntos que más ruido generan, aparece la reforma del sistema de recompensas: el gobierno provincial busca que sea la propia administración la que pueda ofrecer dinero a cambio de información, sin esperar el pedido de un fiscal.

La secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, salió a defender la iniciativa en diálogo con Radiópolis (Radio 2). Allí explicó cómo funciona hoy el mecanismo, cuánto se pagó en la gestión actual y por qué, según su mirada, el anonimato de los informantes es la pieza clave del engranaje.

Cómo es hoy y qué cambiaría

En la actualidad, la activación del sistema que paga por datos certeros depende exclusivamente del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Ningún funcionario del Poder Ejecutivo puede decidir una retribución económica si no media un pedido de un fiscal.

Con la nueva normativa, en cambio, la Provincia pretende iniciar recompensas por su cuenta cuando considere que un caso tiene alto impacto político o de seguridad ciudadana, sin necesidad de la solicitud judicial previa.

Masneri valoró el uso de esta herramienta durante la gestión actual y contrastó cifras. “Se han dilucidado muchos casos, pensemos de una histórica recompensa donde se pagó solo un millón de pesos desde la creación de la ley hasta el gobierno del gobernador Pullaro, ahora llevamos 96 millones entregados”, detalló la funcionaria. Y agregó: “La gente confía en el sistema, que esto es lo más importante”.

El secreto, la caja fuerte y el efectivo

Para el Ejecutivo, el éxito del programa se apoya en el hermetismo sobre la identidad de quienes aportan información. Según precisó Masneri, los nombres solo los conocen tres personas en toda la provincia: el fiscal interviniente, la propia secretaria de Asuntos Penales y la escribana mayor de gobierno.

“A ver, creo que no es poca cosa que en un contexto de digitalización y despapelización que vivimos, poderle transmitir al ciudadano que sus datos están escritos en un solo papel, que lo escribe el fiscal, que nos lo pasa, que me lo pasa a mí puntualmente y que se lo paso a la escribana de gobierno al momento del pago y nada más, le tiene que dar esa tranquilidad de que eso queda guardado en una caja fuerte y nunca más nadie va a saber quién fue”, explicó la funcionaria.

Desde el gobierno remarcaron además que las retribuciones se abonan en efectivo, justamente para evitar cualquier rastro bancario o virtual.

La web de los más buscados, con cambios

En paralelo al debate legislativo, la Provincia ya modificó la página web donde se difunden los rostros de las personas buscadas por la Justicia. La intención fue ofrecer una vía de comunicación más amable e intuitiva para que la ciudadanía se familiarice con los casos y se anime a colaborar.

“Este programa requiere un impulso porque pone gente presa, porque resuelve delitos de muchos años y porque por sobre todas las cosas termina con la impunidad, que es lo que incentiva a los delincuentes”, concluyó Masneri.

La plataforma reúne en un mismo espacio la información sobre los más buscados, las recompensas vigentes, los pedidos de datos para esclarecer delitos y las solicitudes de paradero. También incorpora los resultados obtenidos desde que se puso en marcha esta política.

El debate que se viene en Diputados

La modificación del sistema de recompensas es solo un capítulo de un mensaje del Ejecutivo mucho más amplio. El proyecto incluye otros puntos que ya generaron controversia en el ámbito jurídico, como la posibilidad de realizar allanamientos sin orden judicial en determinadas circunstancias y la toma de declaraciones sin la presencia de un abogado defensor.

Para tratar estas cuestiones, las comisiones de Seguridad y de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja abrieron una ronda de consultas con distintos actores institucionales. Fueron invitados representantes del Ministerio Público de la Acusación, del Ministerio Público de la Defensa y de la propia Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de encauzar el debate parlamentario y definir los alcances finales de las nuevas herramientas.

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