Reclamó por Instagram, la estafaron por WhatsApp y el banco deberá pagarle una fortuna
¿Creíste que estaba a salvo? Una mujer hizo un reclamo bancario por Instagram y minutos después la estafaron por WhatsApp. El banco ahora deberá pagar más de $5 millones.
Una mujer perdió casi $177.000 tras ser víctima de una estafa telefónica minutos después de hacer un reclamo bancario por Instagram. Ahora, la Justicia condenó a la entidad a devolverle el dinero y pagarle $5 millones por daño moral.
¿Cómo fue la estafa?
En abril de 2022, la mujer se comunicó por mensaje directo de Instagram para gestionar un reclamo sobre una cuenta de su negocio. Poco después, recibió una llamada de un supuesto ejecutivo de cuentas que se ofreció a ayudarla.
Durante la conversación, el falso ejecutivo la convenció de ir a un cajero automático para generar nuevas contraseñas y realizar operaciones. Tras seguir sus instrucciones, la clienta descubrió que se habían transferido $89.900 y $87.000 desde su cuenta bancaria.
¿Por qué el banco es responsable?
En el juicio, la entidad argumentó que las operaciones se hicieron con credenciales correctas y que sus sistemas no fueron vulnerados, culpando a la usuaria por entregar sus datos. Sin embargo, el juez consideró clave que los estafadores se contactaran inmediatamente después del reclamo por Instagram.
Además, señaló que el banco estaba en mejores condiciones de aportar registros para demostrar que esa comunicación no ocurrió, pero no lo hizo. El fallo determinó que, si bien la entrega de credenciales fue un factor, la causa del daño fue una falla de seguridad que permitió a terceros acceder a información del reclamo.
¿Cuánto deberá pagar?
La Justicia declaró nulas las transferencias y ordenó devolver los $176.900 más intereses acumulados desde abril de 2022. Además, condenó al banco a pagar una indemnización de $5 millones por daño moral, considerando las dificultades de la víctima, el rechazo de su reclamo y la necesidad de recurrir a mediación y juicio.
El juez rechazó el daño punitivo porque las cuentas estaban vinculadas a una actividad comercial, quedando fuera de la Ley de Defensa del Consumidor.