Reclamaron durante años por un gasto que los ahogaba: la Legislatura les dio una respuesta

Durante años reclamaron por un gasto que les comía el presupuesto y nadie les daba una solución concreta. Ahora la Legislatura sancionó una ley que cambia el mecanismo de pago, pero hay un detalle clave que pocos conocían.

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Reclamaron durante años por un gasto que los ahogaba: la Legislatura les dio una respuesta
Reclamaron durante años por un gasto que los ahogaba: la Legislatura les dio una respuesta

La Legislatura de Río Negro sancionó una ley que garantiza que la Provincia pague el agua potable y los desagües cloacales de las instalaciones operativas de los Bomberos Voluntarios. La medida llega después de años de reclamos de las asociaciones, que hasta ahora debían afrontar esos costos de sus propios bolsillos.

El cambio es de fondo. La legislación anterior solo establecía que el Estado debía gestionar la eximición de esos gastos, un trámite que en la práctica no terminaba de resolver el problema. La nueva norma fija un procedimiento concreto: los prestadores emitirán las facturas y la Provincia las abonará directamente a través del Ministerio de Hacienda, con fondos de Rentas Generales.

Esto significa que los cuarteles no tendrán que pagar primero para después pedir un reintegro, un mecanismo que solía complicar las finanzas de las entidades.

Un reconocimiento a la tarea diaria

Durante el debate, el legislador Reynoso señaló que en Río Negro funcionan al menos 40 asociaciones de bomberos voluntarios. Remarcó que sus integrantes trabajan todos los días en la protección de las personas y sus bienes, y presentó la medida como un reconocimiento a esa labor.

El beneficio alcanza los consumos de los inmuebles e instalaciones utilizados para la actividad bomberil e institucional. Quedan afuera, en cambio, las actividades comerciales, sociales o recreativas que las entidades puedan desarrollar.

Un resguardo clave para los cuarteles

La ley también contempla un registro actualizado de las asociaciones y los suministros alcanzados. Además, incorpora una protección fundamental: si el pago se demora por un trámite provincial, el prestador no podrá cortar ni limitar el servicio, ni cobrarle intereses o recargos al cuartel.

De esta manera, los bomberos voluntarios de la provincia dejan de cargar con un gasto fijo que durante años les generó dolores de cabeza y que, según los reclamos, nunca terminaba de resolverse con la normativa anterior.

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