Rechazaron el pedido de la querella por la muerte de Rojas: el informe que seguirá en la causa
La Cámara Penal confirmó por mayoría que el informe forense por la muerte de Rojas siga en el expediente: el ateneo dejó abiertas tres hipótesis y la querella ya anticipó que insistirá. Lo que todavía nadie puede responder es cómo murió.
La Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos de Catamarca rechazó por mayoría el recurso de la querella y confirmó la resolución que había negado la nulidad del ateneo médico forense realizado en marzo en Córdoba por la muerte de Juan Carlos Rojas. De este modo, el informe de los especialistas seguirá formando parte del expediente.
La decisión contó con los votos de los camaristas Juan Rosales y Elena Berrondo Isí. Así, quedó ratificado lo que había resuelto el juez de Control de Garantías de Tercera Nominación, Lucas Vaccaroni.
El 1 de octubre se había realizado la audiencia de expresión de agravios. Allí, el abogado querellante Iván Sarquís y el fiscal de Instrucción de Quinta Nominación, Hugo Costilla, expusieron posiciones enfrentadas sobre el peso que debe tener el ateneo dentro de la investigación.
Qué fue lo que se discutió
El ateneo se llevó a cabo el 13 de marzo bajo una modalidad mixta: algunos peritos estuvieron presentes en Córdoba y otros participaron de manera remota. Según la querella, una falla de audio impidió que su perito de parte, Juan José Fenoglio, y varios peritos oficiales que seguían la reunión a distancia pudieran intervenir en igualdad de condiciones durante la deliberación.
La existencia de ese problema no está en discusión. El propio Vaccaroni admitió en su resolución de primera instancia que hubo “inconvenientes técnicos de sonido involuntarios” y que Fenoglio no pudo expresarse de manera directa, aunque hizo llegar su opinión mediante mensajes de audio por WhatsApp.
El punto central era otro: si ese inconveniente alcanzaba para anular un acto pericial completo. Para el juez, que el perito de la querella no haya podido participar de forma presencial y directa no constituye causal de nulidad absoluta. La querella sostuvo lo contrario y apeló, mientras que la Fiscalía pidió que el planteo fuera rechazado y defendió la incorporación del ateneo.
Qué dicen los especialistas
El resultado de esta disputa no determina cómo murió Rojas ni implica que la Cámara haya establecido que se trató de una muerte accidental o natural. Lo que llegó al Tribunal de Alzada fue la validez del acto médico y la posibilidad de que sus conclusiones se utilicen en la investigación.
El ateneo dejó abiertas tres hipótesis: asesinato, muerte accidental y homicidio preterintencional. Los especialistas no pudieron establecer la mecánica ni la causa de la muerte y señalaron que el deficiente trabajo criminalístico les impidió inclinarse por una de ellas. Tampoco pudieron fijar con rigor científico una secuencia cronológica de las lesiones: cuáles se produjeron primero, cuáles durante el período agónico y cuáles, eventualmente, después de la muerte.
En su resolución, Vaccaroni detalló las tres hipótesis que investiga Costilla: una agresión homicida con un elemento contuso en la región occipital, una caída accidental desde la propia altura —precipitada o no por una descompensación— y una caída tras un forcejeo o un empujón contra el piso. Eso es lo que se les pidió reevaluar a los especialistas.
Entre sus conclusiones, los médicos consideraron que se trató de una muerte violenta, lo que habilita la hipótesis de la intervención de terceros. También entendieron que Rojas no murió de manera instantánea, que atravesó un período agónico en el que pudo haber realizado movimientos convulsivos o involuntarios sin posibilidad de incorporarse por sus propios medios, y que la lesión craneal mortal habría sido provocada por un único golpe, probablemente contra una superficie plana como el piso. Señalaron, además, fallas en la preservación del lugar del hecho.
Por eso el ateneo no descartó la hipótesis homicida. Costilla lo remarcó durante la audiencia: sostuvo que las tres hipótesis continúan abiertas y que, si en algún momento debe inclinarse por alguna, lo hará a partir de las constancias de la causa y explicando por qué descarta las otras dos.
El planteo de la querella
La querella había llegado a la audiencia con un pedido concreto: que se declarara la nulidad del ateneo junto con todas sus conclusiones. Para Sarquís, el estudio se realizó de manera irregular y su resultado dejó a la causa en una situación de debilidad probatoria.
El abogado también cuestionó que médicos que antes se habían inclinado por la hipótesis homicida e incluso habían arriesgado una posible mecánica de muerte terminaran sosteniendo las tres durante el ateneo. Explicó que, aunque los profesionales manifiestan que no cambiaron de postura, para la querella el acta deja constancia de una modificación evidente. Se trata, según dijo, de peritos oficiales y de especialistas de distintas jurisdicciones consultados durante la investigación. Consideró además que el ateneo debe realizarse nuevamente.
Sarquís defendió la hipótesis homicida porque, dijo, es la que más sentido tiene y la más razonable. “¿Por qué Juan Carlos está tan golpeado, si es que no lo mataron?”, se preguntó, y cuestionó que una persona que no mide más de 1,70 metros se caiga desde su propia altura y se produzca 25 lesiones traumáticas.
El abogado apuntó también contra el trabajo de la Dirección General de Criminalística de la Policía. Según su versión, los médicos atribuyeron a ese trabajo la imposibilidad de saber cómo ocurrieron las lesiones, algo que le pareció inadmisible. Fernando Rojas, hijo del ministro, coincidió: indicó que cuatro años después los peritos de Criminalística siguen en funciones y que no se tomó ninguna determinación sobre su actuación, y expresó su vergüenza por cómo actuó la Justicia de Catamarca.
Con esta decisión, el ateneo seguirá dentro del expediente, pero la causa por la muerte de Rojas no queda definida. Cómo murió deberá determinarse con el resto de las pruebas, las pericias ya realizadas y las medidas que disponga la Fiscalía. En agosto, Costilla dispuso citar a declarar como testigos a más de 200 empleados del Ministerio de Desarrollo Social, la cartera que Rojas tenía a cargo.