Rechazan retirar 18.000 toneladas de basura acumuladas en Pacará Pintado por riesgo ambiental

La Justicia tucumana rechazó el traslado de casi 18.000 toneladas de residuos acumulados en la ex planta de Pacará Pintado, al considerar que la operación podría generar un daño ambiental sin las condiciones técnicas adecuadas. El fallo de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Capital dejó sin efecto la demanda de la empresa propietaria del predio, que buscaba que el Consorcio Metropolitano Girsu ejecutara la limpieza del lugar.

Las juezas Ana María José Nazur y María Felicitas Masaguer coincidieron en que no existen garantías sobre las consecuencias ecológicas de mover los residuos desde Pacará Pintado hasta Overo Pozo. El tribunal destacó que, ante la incertidumbre, corresponde actuar con prudencia y priorizar el derecho a un ambiente sano.

La controversia se originó en octubre de 2020, cuando la firma Servicios y Construcciones La Banda SRL, representada por la abogada Silvia Ana Peyracchia, promovió una acción judicial para exigir el cumplimiento de la resolución 2/14 del Girsu. Esa norma establecía la limpieza de la playa de transferencia de Pacará Pintado, que dejó de operar como sitio de disposición final tras la habilitación de Overo Pozo.

El Consorcio Metropolitano, patrocinado por el abogado José Eduardo Ruiz, se opuso al traslado argumentando que, después de más de una década, no hay pruebas concluyentes sobre el impacto ambiental de los residuos y que removerlos afectaría la capacidad operativa de Overo Pozo.

En primera instancia, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativa había ordenado al Girsu iniciar los trámites para la limpieza. Sin embargo, el Consorcio apeló ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, que en septiembre de 2025 revocó ese fallo al considerar que la Secretaría de Medio Ambiente consideraba inviable el traslado sin un tratamiento ambiental detallado.

En cumplimiento de esa orden, la Sala II reanalizó el expediente y se centró en la viabilidad ambiental del traslado. Las juezas valoraron las declaraciones del ingeniero Juan Carlos Rongetti, coordinador del Girsu, y del ex secretario de Medio Ambiente Alfredo Montalván, quienes coincidieron en que no es aconsejable remover residuos sólidos urbanos sin tratamiento previo, al tratarse de basura pasivada o inertizada. También advirtieron que enviar ese material a las celdas activas de Overo Pozo reduciría la vida útil del centro de disposición final.

El tribunal concluyó que no podía prosperar una demanda destinada a fijar plazo para ejecutar un acto administrativo cuyo cumplimiento podría generar daño ambiental. Las magistradas remarcaron que, ante la duda, corresponde evitar la ejecución y que el derecho a un ambiente sano merece tutela preferencial, especialmente en resguardo de las generaciones futuras.

La empresa anticipó que recurrirá nuevamente en casación ante la Corte tucumana. Su abogada cuestionó la interpretación del tribunal sobre el tratamiento ambiental y sostuvo que ese procedimiento no puede realizarse en Pacará Pintado. También criticó que la Sala II rechazó un pedido para que la Secretaría de Medio Ambiente informara un plan concreto de solución.

Mientras la disputa judicial continúa, las casi 18.000 toneladas de basura permanecen en Pacará Pintado, convertidas en uno de los pasivos ambientales más relevantes de Tucumán.