Ravier comparó el padrón de pensiones por discapacidad con el de países en guerra y el Foro Permanente de Discapacidad le contestó con un dato que deja mal parada a la comparación: cuántas personas con discapacidad viven en la pobreza en el país. La respuesta completa, punto por punto.
El vocero presidencial y titular de La Libertad Avanza en La Pampa, Adrián Ravier, volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez por sus declaraciones sobre las pensiones no contributivas por invalidez. El Foro Permanente de Discapacidad le respondió con un comunicado en el que desarmó, punto por punto, la comparación que el funcionario hizo entre la cantidad de beneficiarios del país y la de naciones que atravesaron o atraviesan guerras.
Para la entidad, esa analogía está “cargada de silencios” y omite las razones que explican el crecimiento del padrón. Según el Foro, el aumento se vincula sobre todo con cambios en la política de otorgamiento y con la pobreza estructural, no con un uso discrecional del beneficio.
Los números que citó Ravier
El vocero había afirmado que el padrón de pensiones no contributivas por invalidez laboral pasó de 75.947 beneficiarios en 2001 a más de 1,2 millones en 2023. Sobre esa base, sostuvo que la cifra es similar a la de países que tuvieron o tienen guerras.
El Foro consideró que la comparación no resiste el análisis porque no contempla los factores que explican el incremento. En ese sentido, recordó que durante esos años se modificó la dinámica de entrega de las pensiones.
Qué cambió en el sistema, según el Foro
La organización explicó que se abandonó el cupo de 80.000 beneficios, que establecía que cada alta debía compensarse con una baja. También señaló que se empezó a buscar a personas con discapacidad en situación de pobreza para otorgarles una pensión, con el objetivo de garantizarles un ingreso y el acceso a prestaciones y medicamentos.
El Foro agregó que las pensiones por incapacidad laboral alcanzaron a personas con discapacidad que, aunque podían trabajar, difícilmente conseguían empleo y atravesaban situaciones complejas. Además, indicó que el beneficio también se otorgó a niñas y niños con discapacidad, pese a que el trabajo infantil está expresamente prohibido por la legislación argentina.
“La pobreza enferma, desnutre, discapacita”
El comunicado sostuvo que, aunque la Argentina no atravesó una guerra generalizada durante esos años, desde mucho antes padece una pobreza estructural que produce enfermedades discapacitantes y dificulta el acceso a la salud, la educación, la rehabilitación, los medicamentos y los elementos de apoyo. También mencionó las barreras para participar en distintos ámbitos de la sociedad y acceder a oportunidades laborales.
En esa línea, atribuyó la situación a las políticas de distintos gobiernos, a intereses económicos que excluyen a sectores de la población y a hechos de corrupción que, según afirmó, desviaron recursos e impidieron generar oportunidades.
“La pobreza enferma, desnutre, discapacita, daña e impide rehabilitarse”, expresó la organización. También cuestionó a quienes consideran injustificable la cantidad de personas con discapacidad que hay en el país sin tener en cuenta las condiciones sociales y económicas que atraviesan.
El dato que el Foro le puso sobre la mesa
La entidad le reprochó a Ravier desconocer datos nacionales e internacionales sobre la población con discapacidad y afirmó que al menos 1.500.000 personas con discapacidad viven en situación de pobreza en la Argentina. Por ese motivo, le pidió al vocero que se informe para no “caer en falacias” y evitar la difusión de datos que, según la entidad, no se corresponden con la realidad del país.
“Sr. vocero, en sus palabras vemos ignorancia de datos internacionales y nacionales respecto del número de personas con discapacidad”, resaltó el Foro. “Para su conocimiento y del gobierno en general, en situación de pobreza existen al menos 1.500.000 personas con discapacidad en la Argentina”.
Y agregó: “Es por eso que sería bueno que puedan instruirse a fin de no caer en falacias y cumplir su rol de informar de manera más eficaz y con contenidos ciertos y no repetir datos que son falsos o no responden a la realidad de nuestro país que parece no ver”.
Los casos detectados y el porcentaje que relativiza la polémica
Respecto de los relevamientos oficiales, el Foro cuestionó que los datos difundidos se utilicen para poner en discusión toda la política de pensiones. Según el comunicado, se identificaron 105 beneficiarios con elementos que podrían impedirles acceder al beneficio, sobre un total de 21.812 pensiones suspendidas.
La entidad calculó que esos casos representan el 0,48% de las pensiones suspendidas. Al comparar esa cantidad con el total de beneficios, indicó que la proporción es del 0,0086%. A partir de esos números, consideró que el porcentaje es demasiado reducido para justificar el cuestionamiento generalizado al sistema, aunque insistió en que toda pensión otorgada de manera irregular debe ser corregida.
La organización aclaró que sus cuestionamientos no implican desconocer la existencia de errores o maniobras fraudulentas en el otorgamiento de pensiones. Sin embargo, sostuvo que esos casos no explican el crecimiento general del padrón.
La embestida por las denuncias en la Andis
En otro tramo del comunicado, el Foro cuestionó que Ravier no se haya pronunciado sobre las denuncias por gastos sin justificar y presuntos sobreprecios en compras realizadas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) durante la gestión de Diego Spagnuolo.
En particular, mencionó las actuaciones atribuidas a Alejandro Vilches, exsecretario del área de discapacidad, y reprochó que el vocero no hubiera considerado esos hechos como posibles indicios de corrupción dentro del organismo. Para la organización, esa conducta refleja un “criterio selectivo”, porque, según sostuvo, las denuncias de corrupción que el funcionario considera relevantes son únicamente aquellas que involucran a la oposición.
“Ud. sale a formular estas críticas, pero no hemos escuchado declaraciones suyas sobre las denuncias de gastos sin justificar y presuntos sobreprecios en las compras realizadas en la ANDIS por el Dr. Alejandro Vilches, ex secretario de la Secretaría Nacional de Discapacidad, durante la gestión del Dr. Spagnuolo. Tampoco hemos escuchado que considere esos hechos indicios de corrupción en el organismo durante aquella gestión”, dijo la organización.
“Pareciera existir en Ud. un criterio selectivo: los indicios de corrupción que merecen ser comentados son únicamente aquellos que involucran a la oposición. La conclusión es que, para el Gobierno nacional, parece suficiente seguir haciendo afirmaciones sin fundamentos serios, porque siempre habrá algo que pueda instalarse en la opinión pública y contribuir a estigmatizar a las personas con discapacidad que reciben pensiones, las cuales les permiten acceder a derechos elementales como la alimentación, la salud y la educación”, resaltó.
Hacia el final, el Foro afirmó que las declaraciones oficiales sin fundamentos serios contribuyen a estigmatizar a las personas con discapacidad que reciben pensiones y a cuestionar beneficios que les permiten acceder a derechos básicos. También advirtió que ese discurso construye un clima social que facilita la aplicación de medidas de ajuste sobre ese sector, mientras se presenta la corrupción como un problema exclusivo de la oposición.
“Viendo la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”, cerró el Foro, con un viejo refrán.
