Rago Gallo no resolvió el desalojo en Rivadavia: primero quiere saber quiénes viven ahí

El juez federal Leopoldo Rago Gallo ordenó a la Policía de San Juan que ingrese al predio de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) en Rivadavia para constatar si hay menores de edad y en qué condiciones habitan. La medida judicial, dictada este miércoles por la mañana, se tomó antes de definir el pedido de desalojo que presentó la casa de altos estudios.

El terreno en cuestión está ubicado sobre Rastreador Calívar y Costa Canal, antes de Benavídez. Allí la universidad denunció una presunta usurpación. Según el expediente, si se comprueba la presencia de niños, niñas o adolescentes, deberá intervenir el Ministerio Público de la Defensa para proteger sus derechos.

Qué deberá informar la Policía

La orden de Rago Gallo es detallada: los efectivos deberán individualizar a los habitantes y a los grupos familiares, y reportar especialmente si residen menores, con datos sobre identidad, edad y adultos responsables. También tendrán que consignar el estado de las condiciones habitacionales, eventuales situaciones de vulnerabilidad y riesgos ostensibles.

Si se constata la presencia de menores, el resultado se comunicará al Ministerio Público de la Defensa para que intervenga en el proceso. La resolución se apoya en la necesidad de resguardar derechos constitucionales antes de avanzar con una medida de desalojo.

Los antecedentes de la causa

La presentación de la UNSJ se originó hace poco más de dos meses, cuando denunció que personas ocupaban un inmueble de su propiedad y pidió el desalojo. La situación se difundió a comienzos de agosto, después de que la universidad certificara mediante escribano que había ocupantes en el lugar.

El terreno tiene unos 23.000 metros cuadrados. Gran parte es baldío, pero también posee estructuras en desuso y en mal estado. En el expediente se indicó que el inmueble pertenece a la universidad al menos desde 1977, según registros oficiales incorporados a la causa.

El estado del inmueble

La universidad informó en su relevamiento preliminar que las construcciones existentes están en mal estado y “a punto de colapsar”, por lo que la Dirección General de Construcciones Universitarias recomendó la demolición total.

En el expediente también se consignó que el ingreso por Rastreador Calívar presenta un portón con ropa tendida y signos de ocupación, además de la presunta existencia de un lavadero. La UNSJ había señalado que tomó conocimiento de la situación a partir de denuncias de vecinos de la zona, que manifestaron preocupación por los problemas atribuidos a quienes habitarían el lugar. La constatación policial deberá confirmar o descartar esos extremos antes de que el juzgado defina el pedido principal.

Próximos pasos

La causa quedó radicada en el fuero federal porque el inmueble pertenece al Estado Nacional a través de la UNSJ. En el expediente se sostuvo que la ocupación configura una “intrusión ilegítima” sobre bienes de una entidad nacional y afecta el derecho de propiedad, la posesión y el cumplimiento de los fines institucionales de la universidad.

Con la acreditación dominial ya incorporada, el avance inmediato depende de la constatación policial ordenada por el juez. Recién después de ese informe podrá resolverse si corresponde avanzar con el desalojo y con qué medidas de protección, en caso de haber menores en el lugar.