Quiso cambiar a su hija de colegio, chocó con un dato oculto y llegó a la Corte Suprema
Buscaba datos concretos para elegir colegio en Salta y se topó con una pared: el Estado evaluaba a las escuelas, pero ocultaba los resultados por establecimiento. Ocho años de pelea judicial después, la Corte Suprema falló a su favor. Qué cambia para las familias.
Rafael Argañaraz Olivera buscaba elementos objetivos para elegir escuela en Salta. Lo que encontró fue una pared: el Estado evaluaba a los colegios, pero no mostraba los resultados por establecimiento. Ocho años después, el máximo tribunal le dio la razón.
La historia empezó en 2017, cuando su hija mayor cursaba los últimos años de la primaria y la familia analizaba mudarla de institución. Argañaraz Olivera quería comparar con datos concretos, no con comentarios. Las pruebas Aprender sonaban por todos lados: el Gobierno las difundía y subrayaba su importancia para medir el sistema educativo.
“Buscábamos referencias concretas sobre el desempeño académico de las escuelas”, cuenta el salteño. Pero al entrar a la página oficial se topó con una limitación que lo desconcertó: la información no estaba discriminada por colegio, sino agrupada hasta el nivel de Salta capital. “Fue una frustración tratar de entender por qué no se hacía pública”, recuerda.
Un pedido que el Estado rechazó
Durante casi un año insistió por la vía administrativa. Solicitó al Ministerio de Educación de la Nación los reportes completos de las escuelas e institutos de formación docente de Salta que habían participado de las evaluaciones Aprender y Enseñar de 2016 y 2017. La respuesta fue negativa: los datos eran confidenciales y su divulgación podía afectar el secreto estadístico.
El organismo ofrecía resultados agregados por municipio, siempre que hubiera al menos dos establecimientos en cada jurisdicción. Para Argañaraz Olivera, eso no resolvía nada: lo que buscaba era distinguir el desempeño de una escuela respecto de otra. “Era una inquietud de padre. La información es de todos, ¿por qué no se comparte?”, resume.
Entonces decidió judicializar el reclamo con una acción de amparo. El primer round fue adverso: la Justicia de primera instancia rechazó su planteo. “Fue un shock, porque no lo esperábamos. Ya antes habíamos creído incluso que el Ministerio iba a dar la información, porque se subrayaba la transparencia”, repasa.
Apeló y la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta le dio la razón: ordenó entregar los informes de todos los establecimientos que habían participado de las evaluaciones, con la condición de preservar los datos individuales de alumnos y docentes.
“La alegría duró poco —menciona—. El Gobierno nacional apeló la decisión y llevó el expediente a la Corte Suprema. Incluso el dictamen del procurador fiscal fue contrario. No esperaba que los jueces de la Corte Suprema se apartaran de esa posición y confirmaran el criterio favorable al acceso a la información”.
Qué resolvió la Corte Suprema
La sentencia, fechada el 19 de este mes, ratificó la obligación de entregar los resultados de las pruebas Aprender y Enseñar de 2016 y 2017 desagregados por establecimiento educativo en Salta. El fallo, en la causa FSA 517/2019/CS1, sienta un precedente sobre la publicidad de las evaluaciones educativas y los límites que tiene el Estado para invocar el secreto estadístico como argumento para negar información.
En la discusión se cruzaban tres derechos: el acceso a la información pública y la participación democrática de las familias en las instituciones; la protección de la intimidad de los menores, los docentes y quienes participaron de los operativos de evaluación; y el interés del Estado en resguardar datos sensibles.
El Gobierno había advertido que publicar los resultados por escuela podía derivar en rankings, clasificaciones y situaciones de discriminación o estigmatización. También había invocado la legislación sobre secreto estadístico y la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Para la Corte, esos argumentos no alcanzaban para justificar una restricción generalizada. El Estado debía demostrar de manera concreta qué daño podía ocasionar la divulgación; no bastaba con mencionar de forma genérica el riesgo de estigmatización o la posibilidad de que se establecieran comparaciones entre establecimientos.
Uno de los fundamentos centrales es el principio de máxima divulgación que rige el derecho de acceso a la información pública: las restricciones deben ser excepcionales, estar debidamente justificadas y guardar proporción con el interés que buscan proteger.
Los jueces también señalaron que las evaluaciones educativas son instrumentos para el control social de las políticas públicas. Sus resultados no solo permiten medir aprendizajes, sino que también pueden servir para identificar dificultades, reclamar respuestas y examinar qué hacen las autoridades para mejorar la calidad de la enseñanza.
La Corte dejó establecido que los tribunales deberán delimitar cuidadosamente qué información puede entregarse y qué elementos deben permanecer protegidos. La decisión fue adoptada por mayoría, con la disidencia del vicepresidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, quien consideró que correspondía revocar la sentencia de Cámara y devolver el expediente para un nuevo pronunciamiento.
“Nos damos cuenta de que es un giro copernicano para los padres y los ciudadanos, porque permite controlar y colaborar”, sostiene Argañaraz Olivera.
Está convencido de que el acceso a los resultados puede modificar la relación de las familias con las instituciones y con las autoridades educativas: “Estoy agradecido a los jueces, que permitieron entender la trascendencia de lo que estaban resolviendo. Y a mi abogado, Roque Rueda, que desde el derecho constitucional aceptó trabajar en el caso y llevar adelante la estrategia federal”.