Quince días con las urnas abiertas, fiscales que deben ser ingenieros matriculados y sobres identificados bajo guarda: así se vota en el Colegio de Ingenieros de Jujuy, según una ley de 1989 que ya cumple 37 años.
En Jujuy, mientras el resto de los colegios profesionales del país resuelve sus autoridades en una sola jornada, el Colegio de Ingenieros arrastra un sistema electoral que mantiene las urnas abiertas durante quince días corridos. El proceso que la institución transita entre el 23 de octubre y el 6 de noviembre de 2026, con tres listas oficializadas, vuelve a poner el foco sobre una norma sancionada hace casi cuatro décadas.
La columna la firma el ingeniero Néstor Aguirre (Matrícula Profesional 1341-ET), que plantea el tema como un anacronismo institucional: una provincia que se enorgullece de su capacidad técnica sigue atada, en materia electoral interna, a un esquema pensado para otra época.
Una jornada normal y un maratón de dos semanas
Para cualquier ciudadano jujeño, votar implica presentarse a las ocho de la mañana, sufragar, esperar el cierre de mesa, el conteo frente a los fiscales y conocer el resultado a las seis de la tarde. En el Colegio de Ingenieros el mecanismo es otro: por mandato legal, el comicio se extiende quince días, con urnas disponibles en los locales habilitados durante todo ese lapso.
El origen está en la Ley Provincial Nº 4430, sancionada por la Legislatura en abril de 1989. Su artículo 109, inciso a), establece textualmente que "el período eleccionario durará quince (15) días corridos, a cuyo efecto se colocarán la o las urnas en los locales habilitados al efecto por ese plazo...".
Por qué se pensó así en 1989
En aquel Jujuy de finales de los ochenta no había conectividad ni internet, y muchos ingenieros pasaban semanas enteras en campamentos mineros de la Puna, en obras hidráulicas del Ramal o en campamentos viales de montaña. La ventana de quince días buscaba que las distancias y el aislamiento no dejaran a ningún matriculado sin la posibilidad de votar. Era una forma de contemplar la realidad territorial con las comunicaciones precarias de la época.
El propio autor ya había advertido sobre este desfasaje en una columna anterior, titulada 43 especialidades y una ley de 1989. Allí señalaba que una norma concebida en la era del papel vegetal y los sellos de tinta choca con un Jujuy que hoy lidera en minería de litio, modelado digital BIM, inteligencia artificial y telecomunicaciones. Defender el ejercicio profesional y el poder de policía frente a los embates desreguladores exige, según su planteo, dotar a la institución de herramientas modernas. El régimen electoral vigente es, a su juicio, la muestra más palpable de cómo ese molde de hace 37 años quedó desajustado.
Qué hacen otros colegios y el mundo
La comparación con el derecho comparado es contundente. En los colegios profesionales de la Argentina —abogados, médicos, arquitectos o ciencias económicas— prácticamente ninguno sostiene un régimen presencial de medio mes: las autoridades se eligen en una jornada única. Cuando se aplican plazos ampliados, se recurre a sistemas de voto digital auditado o de voto por correspondencia regulado.
En el mundo, los procedimientos de votación extendida funcionan bajo esquemas de sufragio anticipado (early voting), pero estructurados sobre padrones biométricos en línea y con estrictas medidas de seguridad y trazabilidad.
La fiscalización, el punto más débil
La extensión artificial del proceso genera complejidades operativas difíciles de sortear. En un comicio tradicional, la fiscalización de unas pocas horas alcanza para que cada lista controle directamente las urnas. En un esquema de quince días corridos, en cambio, la custodia permanente se vuelve una exigencia muy difícil de sobrellevar para los profesionales independientes.
A eso se sumó, en el actual proceso, una disposición de la Junta Electoral: los fiscales acreditados por cada lista deben ser obligatoriamente ingenieros matriculados. La reglamentación deja al descubierto las tensiones del sistema, porque obliga a compatibilizar el ejercicio activo de la profesión —obras, proyectos, peritajes, responsabilidades de planta— con la presencia continua durante dos semanas en los locales de votación.
El procedimiento del doble sobre, también regulado por el artículo 109, plantea otro problema. El sobre exterior lleva el nombre, la firma y la matrícula del matriculado, un mecanismo ideado para controlar el padrón en votaciones dispersas. Sostener sobres identificados bajo guarda administrativa durante quince días aparece hoy como un método superado frente a las garantías de inmediatez que exige la vida cívica.
El debate de fondo: reformar la ley
La ingeniería es la disciplina del cálculo exacto y la búsqueda de soluciones eficientes. Por eso, para el autor resulta una contradicción evidente que quienes proyectan el Jujuy del futuro sigan enmarcados en un dispositivo electoral pensado para una provincia que ya no es la misma.
El planteo no busca descalificar a las personas ni restar validez a un acto que se ajusta a la letra de la ley vigente, sino asumir con madurez el debate de fondo: la Ley Provincial Nº 4430 necesita una reforma legislativa integral y urgente.
Entre las alternativas que propone figuran la incorporación del voto electrónico seguro con firma digital, la habilitación de mesas receptoras en el interior en una sola jornada comicial o el voto a distancia certificado. Cualquiera de esas vías permitiría conciliar la máxima representatividad de las 43 especialidades con estándares modernos de transparencia, agilidad y certeza electoral.
Instituciones modernas y transparentes fortalecen a la provincia entera. Actualizar el marco electoral del Colegio de Ingenieros no es, según el autor, un mero detalle de procedimiento interno, sino un paso indispensable hacia el Jujuy eficiente, previsible y tecnológicamente avanzado que los profesionales buscan construir.
