Quince años después, los herederos de un empresario volvieron a la carga por las islas: la respuesta de la Provincia

La Agencia Administradora de Bienes Inmuebles de Entre Ríos rechazó el pedido de los sucesores de un empresario bonaerense que buscaba quedarse con lotes en Las Lechiguanas, en el departamento Gualeguay. La resolución, la número 3 del 29 de julio, les comunicó que esas tierras "integran el dominio público del Estado provincial".

El trámite parecía cerrado hace años, pero volvió a activarse: Mauricio Ezequiel Biasotti, Julieta Malvina Biasotti y Germán Amílcar Biasotti solicitaron el reconocimiento de derechos posesorios o dominiales sobre una serie de lotes en las islas. La Provincia les respondió que esos inmuebles están bajo su administración y custodia.

El origen: un decreto de la dictadura

Para entender el conflicto hay que retroceder a 1980. El 25 de julio de ese año, el gobernador de facto Carlos Aguirre firmó el decreto 2.411, que autorizó la venta de 14.928 hectáreas en Las Lechiguanas a varias empresas. Una de las beneficiarias fue El Trébol SA, con sede en San Nicolás de los Arroyos, cuyo socio es el abogado Emilio Alfredo Cártey.

El Trébol ya había obtenido en agosto de 1971, bajo el gobierno de facto de Ricardo Favre, la cesión precaria de 3.440 hectáreas por parte de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios. La firma prometió un plan agrícola, ganadero y forestal, pero en la práctica arrendó los lotes para pastoreo de terceros. Así, Héctor Omar Biassotti, oriundo de Ramallo, terminó quedándose con más de la mitad de esas tierras.

La disputa entre Cártey y Biassotti

Cártey nunca logró escriturar las tierras que le había vendido el gobierno de facto. En agosto de 2010 presentó ante el Gobierno entrerriano un pedido para que se confeccionara la escritura traslativa de dominio de más de 3.000 hectáreas, pero la respuesta fue adversa. El fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes emitió un dictamen que observó que la venta se hizo "dentro del marco de un gobierno de facto" y que el decreto fue "emitido en violación de preceptos con jerarquía superior que tutelan el orden público". Las islas son bienes "públicos naturales" y su venta requiere autorización del Congreso Nacional.

En su presentación, Cártey había acusado a Biassotti de actuar "como señor feudal" y de escriturar tierras públicas a su nombre para venderlas "en 15 dólares la hectárea". También lo señaló como un "matón" que avanza con la fuerza, y mencionó el caso de Víctor Doménech, a quien Biassotti habría aplicado "una feroz puñalada". Según Cártey, Biassotti usurpó y enajenó más de 35 mil hectáreas en Las Lechiguanas "con la complicidad de deshonestos funcionarios".

El abogado nicoleño sostuvo que Biassotti le arrebató 160 hectáreas y que la única vía para recuperarlas era un juicio de desalojo, aunque no tenía escrituras a su nombre. En 2000 había iniciado una demanda por usurpación ante el Juzgado de Instrucción N° 2 de Gualeguay, que no prosperó.

La estrategia de la Provincia

A partir de las quejas de Cártey, la Fiscalía de Estado elaboró un dictamen que cuestionó la venta de tierras públicas sin los recaudos legales. Propuso la "revisión judicial de los títulos" de posesión posteriores al decreto y la declaración de lesividad del decreto 2.411, con el objetivo de revertir la transferencia de casi 15 mil hectáreas "ilegítimamente transferidas a particulares". El organismo consideró que la disposición "desconoció" que el Código Civil exige autorización del Congreso para vender bienes públicos, por lo que resultó "a todas luces ilegítimo y deviene lesivo a los intereses del Estado Provincial".

No es la primera vez que la Provincia aplica este mecanismo. En septiembre de 2010 ya había declarado lesivo el decreto 2.319, dictado en 1978 por el gobierno de facto de Rubén Daniel Di Bello, que vendió 13.000 hectáreas en Las Lechiguanas. En ese caso tampoco se escrituró la transferencia.

Ahora, con la disposición N° 3, la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles ratificó que los lotes en cuestión siguen siendo del Estado provincial.