Quieren que los presos paguen la luz, el agua y la comida: el proyecto que sacude las cárceles

La Libertad Avanza puso sobre la mesa una reforma profunda del sistema carcelario argentino. El diputado mendocino Álvaro Martínez presentó un proyecto que busca modificar la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad y que apunta a cortar de raíz uno de los problemas más denunciados: las bandas que siguen operando desde adentro de los penales.

La iniciativa propone prohibir de manera efectiva los teléfonos celulares en las cárceles, controlar las comunicaciones y obligar a los internos a hacerse cargo de los gastos que generan durante su detención. El objetivo declarado es combatir estafas, secuestros virtuales, maniobras de narcotráfico, lavado de activos y trata de personas, entre otros delitos.

“Hay que terminar de una vez por todas con el Call Center tumbero. Las cárceles deben servir para reinsertar personas, no para que los delincuentes sigan manejando bandas desde una celda”, sostuvo Martínez al fundamentar la propuesta.

Uniformes por peligrosidad y un arancel mensual

El texto establece el uso obligatorio de uniformes según el nivel de peligrosidad de cada detenido, que se clasificará en tres categorías: leve, medio y alto. Todos vestirán prendas de color beige o marrón claro, pero la cantidad de líneas verticales variará según el caso.

Los considerados de peligrosidad leve llevarían una línea al frente y al dorso; los de peligrosidad media, dos; y los de alta, tres. Quienes estén próximos a recuperar la libertad usarían uniformes lisos. Martínez aclaró que la medida “no tiene un objetivo discriminatorio se ajusta al principio de igualdad”.

Además, el proyecto crea el Arancel Único Carcelario (AUC), un pago mensual que los internos deberán afrontar para cubrir servicios generales y alimentación. “La persona que está privada de su libertad debe pagarle al Estado los gastos que genere dentro de la cárcel. A partir de ahora tendrán que pagar la comida, la luz, el agua, la asistencia médica y el uniforme que usan dentro del penal”, afirmó el legislador.

Y agregó: “El ciudadano que trabaja todos los días paga los servicios y la comida de su casa. Quien esté privado de su libertad también deberá hacerse cargo de sus propios gastos. La reinserción comienza aprendiendo a cumplir obligaciones”.

Cinco números autorizados y videollamadas con defensores

La reforma también toca el régimen de comunicaciones. La nueva redacción del artículo 158 mantiene el contacto periódico, oral o escrito con familiares, representantes legales y profesionales vinculados con la reinserción social, además de representantes de organismos oficiales e instituciones privadas, siempre sujeto a supervisión y a las condiciones que fije la ley para preservar la privacidad.

El artículo 161, en tanto, establece que cada interno podrá pedir autorización al director del establecimiento para llamar a una lista limitada de cinco números telefónicos, cuyos titulares deberán estar previamente identificados y autorizados en la instancia judicial de ejecución de la pena.

El proyecto contempla además el uso de teléfonos de línea para facilitar el contacto con familiares y abogados, y la realización de videollamadas con defensores para agilizar el acceso a la Justicia y evitar traslados innecesarios.

Entre los fundamentos, la iniciativa cita la posición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sostuvo reiteradamente que las personas privadas de libertad conservan los derechos que no hayan sido afectados legítimamente por la condena y que la ejecución de las penas está sometida a control judicial permanente.

Del peculio al trabajo con fines de reinserción

Otro de los ejes es la transformación del trabajo penitenciario. Martínez plantea metas progresivas de incorporación laboral, capacitaciones vinculadas con la economía real y la modernización del Ente de Cooperación Técnica y Financiera (ENCOPE). También prevé la participación controlada de empresas privadas, un catálogo nacional de bienes y servicios penitenciarios y la generación de demanda mediante compras del sector público.

Los números oficiales del Ministerio de Seguridad Nacional respaldan el diagnóstico. Al 31 de diciembre de 2024, el Servicio Penitenciario Federal alojaba a 11.728 personas privadas de libertad. De ese total, 7.545 percibían alguna suma en concepto de peculio.

Sin embargo, solo 2.922 internos realizaban tareas productivas vinculadas con objetivos de reinserción social. Otros 4.623 cobraban por actividades generales de mantenimiento, limpieza, aseo, higiene, mayordomía y otras tareas identificadas como “fajina”. Es decir, apenas el 38,72% de quienes percibían peculio desarrollaba actividades consideradas productivas.

Durante 2024, el ENCOPE contó con recursos por $25.721.747.525, de los cuales aproximadamente el 75% se destinó al pago de peculios. Una parte significativa de esos fondos correspondió a tareas sin finalidad productiva. En ese contexto, el planteo sostiene que la respuesta no debe limitarse a suprimir remuneraciones, sino a transformar las actividades improductivas en trabajo que contribuya a la reinserción social.

El antecedente que ya presentó Martínez

Esta propuesta se suma a otro proyecto que el mismo diputado presentó en abril pasado, que busca penas de uno a tres años de prisión para los internos que tengan un teléfono móvil en su poder dentro de un establecimiento penitenciario. La iniciativa prevé elevar la pena a entre tres y cinco años cuando el dispositivo haya sido utilizado para cometer un delito.