Quieren fichaje obligatorio para los funcionarios políticos de Santa Fe, pero hay un problema que no depende del Concejo

El Concejo Municipal de Santa Fe debate un proyecto que busca poner bajo control horario al personal de gabinete que trabaja junto al Departamento Ejecutivo y al cuerpo legislativo. La propuesta, presentada por la concejala de La Libertad Avanza Ana Cantiani, apunta a que colaboradores y asesores registren su ingreso y egreso, y que además se publique información sobre sus contrataciones y tareas.

El texto alcanza a los asesores directos del intendente, los secretarios del Ejecutivo, el presidente del Concejo y los concejales. También obliga a justificar las actividades cuando las tareas se desarrollen fuera de las oficinas.

Qué propone el proyecto

La iniciativa establece un registro diario de entrada y salida para el personal de gabinete. En los casos de trabajo fuera de la sede, las actividades deberán quedar asentadas y justificadas. La información se publicaría mensualmente, con horarios, contrataciones y reportes de tareas.

Para Cantiani, se trata de aplicar al personal político la misma lógica de control que rige para el resto de los trabajadores estatales. “Que el funcionario puesto a dedo por el político cumpla un horario y una reglamentación, tal como lo hace el empleado de planta”, planteó.

El antecedente por los salarios

La propuesta se enlaza con otro proyecto anterior de la misma concejala para publicar en los sitios oficiales los salarios de los funcionarios políticos. Según explicó, aquella iniciativa no avanzó, pero la nueva busca sumar otro mecanismo de control sobre el funcionamiento de los gabinetes.

“Nosotros pregonamos la transparencia: el vecino tiene que saber en qué se están gastando sus recursos”, sostuvo Cantiani. Y agregó: “El vecino tiene derecho a saber qué está haciendo su empleado, cuánto tiempo trabaja y que tenga un marco de horario”.

El límite que obliga a mirar a la Provincia

El proyecto incluye un pedido formal al Gobierno provincial y a la Legislatura para modificar la normativa sobre funcionarios políticos superiores. El objetivo es fijar pautas de asistencia, dedicación, registro de tareas y transparencia para el intendente, los concejales, los secretarios y subsecretarios del Ejecutivo y del Concejo, y los secretarios de bloque.

La razón es de competencia: el Concejo puede regular al personal alcanzado por sus ordenanzas, pero no tiene facultades para cambiar directamente un régimen establecido por ley provincial. “Nosotros tenemos potestad en el Concejo, no tenemos potestad en la ley provincial”, reconoció la concejala.

Por eso, el planteo busca que la discusión también llegue al ámbito provincial y que eventualmente se establezca un régimen común para los cargos de mayor jerarquía.

“El sueldo sale del bolsillo del vecino”

Uno de los argumentos centrales de Cantiani es que los controles deben alcanzar a los funcionarios políticos porque sus remuneraciones se financian con recursos públicos. “La gente quiere eso también. El sueldo sale del mismo lugar, del bolsillo del vecino”, afirmó.

Desde esa perspectiva, sostuvo que el registro de horarios y tareas no debe interpretarse como una carga adicional, sino como una herramienta para transparentar el uso de los recursos del Estado. “Buscamos terminar con los abusos y privilegios de la clase política”, dijo.

Cantiani también marcó una diferencia entre el funcionamiento general del Estado y los casos donde, a su criterio, no existen controles suficientes. “Hay muy buenos empleados públicos y otros que no, pero el Estado tiene que tener una estructura y un control para que la gente sepa en qué se está gastando su dinero”, planteó.

En ese marco, utilizó el término “ñoqui” para referirse a quienes cobran sin cumplir tareas, aunque aclaró que el objetivo del proyecto es establecer mecanismos institucionales de control. “El ñoqui es el que no labura y cobra. Eso es lo que nosotros queremos que se termine”, afirmó.

Los próximos pasos

La iniciativa deberá atravesar el tratamiento legislativo en el Concejo Municipal. En paralelo, el pedido a la Provincia y a la Legislatura quedará supeditado a la discusión y eventual modificación del régimen provincial aplicable a los funcionarios políticos superiores.