Quieren blindar las tierras productivas: qué prohíbe el proyecto que presentarán en la Legislatura
Cansados de esperar una respuesta del Gobierno, los productores de Río Negro y Neuquén decidieron tomar cartas en el asunto. El proyecto que presentarán en la Legislatura apunta a un cambio de fondo, pero tiene un límite que muchos no esperan.
La Federación de Productores de Río Negro y Neuquén redobla la apuesta para frenar la pérdida de tierras agrícolas, acorraladas por la urbanización y el deterioro de los sistemas de riego y drenaje. Tras plantear el reclamo al gobernador Alberto Weretilneck sin obtener respuesta, la entidad decidió avanzar con una iniciativa propia.
El presidente de la Federación, Sebastián Hernández, confirmó que el borrador del proyecto ya está listo y en revisión legal. La idea es presentarlo formalmente en la Legislatura rionegrina durante la próxima semana, mientras que en Neuquén la propuesta ya se encuentra en tratamiento.
¿Qué propone el marco normativo?
El corazón de la iniciativa es la georreferenciación de las hectáreas vinculadas a las redes de riego. Una vez identificada la condición productiva de una zona, la norma prohibiría que esas tierras se destinen a loteos, barrios residenciales o emprendimientos ajenos a la actividad.
La restricción no tocaría la propiedad ni la libertad de venta: quien quiera vender su predio podrá hacerlo, pero el comprador quedará obligado a mantener la actividad productiva. El objetivo es dar seguridad a las inversiones y evitar que el crecimiento urbano termine ahogando el trabajo rural.
El contexto: menos chacras y más presión inmobiliaria
El proyecto sale al cruce de una tendencia que se arrastra hace años: la reducción de tierras en producción por los cambios en la actividad frutícola y el abandono de muchas familias de tradición chacarera. A eso se suma el crecimiento poblacional del Alto Valle y la fuerte demanda habitacional.
Pero la propuesta no se limita a prohibir. También contempla vías de financiamiento, reducciones impositivas y beneficios fiscales para incentivar la inversión y favorecer la diversificación del sector.
Hernández remarcó que los productores necesitan una política provincial de largo plazo que los respalde frente a las presiones inmobiliarias. Sin esa certeza, advirtió, la continuidad de la actividad corre riesgo.
