Quiere terminar con 40 años de centralismo: el proyecto que devuelve el control de las banquinas a los municipios

El diputado bonaerense de Fuerza Patria, Alejandro Acerbo, presentó un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para modificar el régimen vigente sobre el uso de las banquinas de rutas provinciales y permitir que los municipios administren los permisos y los fondos generados por la siembra en esos espacios.

La iniciativa propone reemplazar la actual Ley 10.342, sancionada en 1985, por un nuevo esquema que otorgue mayor autonomía a los intendentes en la gestión de estos recursos. Según argumentó el legislador, la normativa vigente responde a un modelo “centralizado” que ya no se adapta a las necesidades actuales de los municipios.

“El presente proyecto propone la derogación de la Ley 10.342 y su reemplazo por un régimen más adecuado a las actuales exigencias institucionales, ambientales y de gestión territorial”, sostuvo Acerbo en los fundamentos del proyecto.

¿Qué cambia con la nueva ley?

Actualmente, la ley permite que los municipios otorguen permisos de uso sobre las franjas adyacentes a rutas provinciales, con exclusión de las banquinas, para actividades agrícolas, siempre bajo autorización de la Dirección de Vialidad provincial y cumpliendo determinadas condiciones de conservación y explotación del suelo.

Además, el esquema vigente establece una distribución obligatoria de los fondos recaudados por esos permisos, de los cuales un 60% debe destinarse a los Consejos Escolares para infraestructura y funcionamiento, un 20% a asociaciones de bomberos voluntarios o entidades de bien público y el 20% restante al mantenimiento de la red vial municipal.

La principal modificación que impulsa Acerbo apunta justamente a ese reparto. El proyecto establece que los ingresos obtenidos por el alquiler de banquinas pasarán a una cuenta municipal y podrán ser utilizados según lo disponga cada ordenanza local, con la única obligación de destinar al menos un tercio de los recursos al mantenimiento de caminos o banquinas.

Otro de los cambios propuestos es la extensión del plazo de los permisos de explotación. Mientras que la normativa actual fija autorizaciones por un año, la nueva iniciativa plantea llevarlas hasta un máximo de tres años, con posibilidad de renovación si se cumplen las condiciones establecidas.

El exintendente de Daireaux aclaró que la propuesta no implica una cesión total de competencias a los municipios, ya que la provincia conservaría la facultad de convalidar, rechazar o revocar los permisos por razones de seguridad vial o interés público.

“Se establecen reglas claras sobre las características de los permisos otorgables y las formas de contratación, al tiempo que se incorpora un mecanismo de plazo cierto para la convalidación provincial, evitando dilaciones que obstaculicen la gestión local y otorgando previsibilidad jurídica a los interesados”, explicó el legislador.

En los fundamentos del proyecto, Acerbo remarcó además que la iniciativa busca fortalecer la autonomía municipal reconocida por la Constitución bonaerense y la Ley Orgánica de las Municipalidades, sin afectar las potestades regulatorias de la Provincia sobre la red vial.

“En definitiva, el proyecto procura compatibilizar la preservación de la seguridad vial, la promoción del uso productivo racional y ambientalmente responsable de suelos ociosos y la descentralización de la gestión administrativa bajo un esquema de coordinación interjurisdiccional”, concluyó.