Quiere eliminar la Defensoría del Pueblo y ya mandó el proyecto al Concejo

El funcionario provincial Leandro López redobló la apuesta por el ajuste en la política neuquina y apuntó contra un organismo que lleva casi tres décadas en la ciudad: quiere eliminar la Defensoría del Pueblo. Para eso ya instruyó a la concejal Denisse Stillger, de Arriba Neuquén, quien presentó un proyecto en el Concejo Deliberante.

López preside la Agencia de Inversiones de Neuquén (ADI-NQN), responde al gobierno provincial y es referente del espacio Arriba Neuquén, el ala libertaria de La Neuquinidad. Está en modo campaña para la intendencia capitalina y tomó el discurso de la motosierra al estilo Javier Milei para marcar la cancha.

“Estamos de acuerdo, pero no es suficiente”

El intendente Mariano Gaido había propuesto congelar las bancas del Concejo Deliberante. López lo respaldó, pero se colocó un escalón más arriba y abrió un frente nuevo.

“El intendente propone limitar el número de concejales en 20 para congelar gasto político. Estamos de acuerdo. Pero no es suficiente. Vamos a proponer eliminar la figura del Defensor del Pueblo”, escribió en su cuenta de X.

Y remató con una cifra: “Cuesta 600 millones de pesos, con nulo beneficio para los neuquinos”, según sus cálculos sobre el costo de mantener esa estructura.

Qué dice el proyecto de Stillger

La concejal será la encargada de llevar la propuesta al debate en comisión durante la semana, para incorporarla a la reforma que se discute en estos días.

“El proyecto establece que se respetarán los mandatos del actual Defensor del Pueblo y de su adjunto hasta su finalización. Una vez concluida esa etapa, el personal de planta permanente será reasignado al Ejecutivo municipal, conservando su categoría, antigüedad y remuneración”, explicó Stillger.

La edil agregó otro punto central: “El 100% del ahorro generado por la eliminación del organismo deberá destinarse a obras públicas. De esta manera, la iniciativa busca reducir el gasto de la estructura municipal y orientar esos recursos a mejoras para la ciudad”.

Un organismo con historia y un cambio que no es simple

La Defensoría del Pueblo fue creada por la Carta Orgánica en 1995 y empezó a funcionar en 1999. En 1998, el Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza 8316, que fijó su marco de funcionamiento.

Como está incorporada a la Carta Orgánica, eliminarla no sería una decisión administrativa: requeriría reformar ese texto, igual que el congelamiento de bancas que impulsa Gaido.

El silencio de Pereyra y los números del organismo

El defensor actual es Gustavo Pereyra, quien no se refirió al tema. Lejos de la imagen de un organismo sobrado de recursos, el año pasado advirtió que los fondos eran insuficientes para cubrir los gastos básicos y presentó un presupuesto 2026 con un incremento del 25 por ciento, basado en lo ejecutado.

Durante este año, la Defensoría registró más de 700 actuaciones y en junio se mudó a una nueva sede en Bouquet Roldán 269.

El antecedente de 2023

La discusión sobre la utilidad del organismo tampoco es nueva. En 2023, el entonces defensor Ricardo Riva discutió en el Concejo con el MPN sobre el alcance de la enmienda de 2021. Sostuvo que los vecinos habían votado “por bajar el costo de la política”, no por modificar los mandatos del Defensor, y que el organismo debía resguardarse como el último contrapoder.

La pulseada por la agenda del ajuste

El debate se reimpulsó el lunes 20 de octubre, cuando Gaido anunció que enviaría al Concejo un proyecto de ordenanza para congelar el número de concejales. La iniciativa requiere una enmienda de la Carta Orgánica y un referéndum para avalar el cambio.

El proyecto necesita modificar el artículo 53 de la Carta Orgánica, que define la conformación del cuerpo. Hoy el Deliberante tiene 18 integrantes, aunque con la legislación actual debería estar por encima de 20: la norma prevé que, cuando el municipio supere los 200.000 habitantes, se incremente el número de concejales según una escala. La ciudad ya pasó ese umbral hace rato y, si no se toca el texto, el Concejo debería crecer.

Gaido usó como ejemplo su propia planta: aseguró que el municipio tiene la misma cantidad de empleados que cuando asumió hace más de seis años, 3.500 trabajadores, y que destina un 22 por ciento de sus recursos al pago de personal.

La consulta se hará con el mismo mecanismo que ya le dio resultado: una votación ciudadana en el momento electoral, aprovechando los comicios del año que viene. Recordó que cuando propuso eliminar las elecciones de medio término lo acompañó el 66 por ciento de los votos.

El intendente no es el único que quiere apropiarse de la agenda del ajuste. Desde La Libertad Avanza, la senadora Nadia Márquez lo cruzó apenas lanzó la propuesta: planteó que la reducción del gasto político debía empezar por la publicidad oficial y no por la cantidad de representantes en el Concejo.

Un liberal que no confronta

En ese contexto aparece López. Se reconoce como liberal dentro de La Neuquinidad y no confronta con Gaido: le da la razón y después le marca la cancha. La fórmula “estamos de acuerdo, pero no es suficiente” lo deja como el que va más lejos sin romper con un aliado del gobernador.

Su aspiración a la intendencia viene desde 2022, cuando como dirigente del PRO aseguró que quería conducir la ciudad y la asamblea del partido llegó a proclamarlo candidato. Fue concejal y diputado nacional por el macrismo. Hoy conduce la ADI-NQN desde el gabinete provincial y viene de semanas de alto voltaje en redes: se cruzó con ATE por las afiliaciones en el organismo, con la propia Márquez y con la conducción de CALF.

Gaido no puede volver a ser candidato a intendente y en el oficialismo capitalino ya circulan nombres para la sucesión. En ese escenario, López elige un tema con llegada inmediata al electorado que castiga a “la política”.

La enmienda de Gaido ya está en el Concejo y apunta a las urnas de 2027. La propuesta de López será enviada por Stillger para la discusión durante la semana.