Quiere eliminar 30 bancas y echar a 2.800 asesores: el plan que sacude a Catamarca
Un exdiputado catamarqueño quiere pasar de 57 a 27 legisladores y ponerle un techo a los ministerios. Pero el número que más incomodó en su presentación fue otro: el de los asesores que, según dijo, hoy sostiene la provincia.
El exdiputado Hugo Ávila puso sobre la mesa una reforma constitucional que apunta a recortar de raíz el gasto político de Catamarca y redirigir esos fondos a los salarios de quienes trabajan en seguridad, salud, educación y servicios públicos. La iniciativa abarca cambios en los tres poderes del Estado y ya generó ruido en el ambiente político provincial.
"El próximo gobierno provincial tiene que bajar el gasto político y mejorar los salarios de aquellos que cumplen funciones esenciales", sostuvo Ávila al presentar su propuesta.
Menos bancas, menos ministerios, menos Corte
El primer eje del planteo es el Poder Legislativo: Ávila propuso que la Cámara de Diputados pase de 57 a 27 integrantes, lo que implicaría eliminar 30 bancas. En el plano judicial, reclamó que la Corte de Justicia vuelva a funcionar con tres ministros, frente a los siete que, según su lectura, tiene en la actualidad.
Respecto del Ejecutivo, cuestionó que la cantidad de ministerios quede librada a la decisión de cada gobernador y planteó fijar un tope de ocho en la Constitución provincial. A su criterio, ese número alcanza para administrar la provincia, y recordó que el gobernador Raúl Jalil llegó a contar con 18 carteras.
Según el exlegislador, cada ampliación del gabinete arrastra un efecto en cadena: se suman secretarías, subsecretarías y direcciones, y la estructura crece junto con la carga sobre las cuentas públicas.
El foco en los asesores fuera de nivel
El punto más filoso de su intervención fueron los asesores fuera de nivel. Ávila afirmó que llegan a 3.000 o incluso superan esa cifra y ubicó allí el mayor peso del gasto político. No precisó la fuente de ese número ni estimó cuánto permitirían ahorrar los cambios que propone.
"No puede haber un gobierno con 3.000 asesores", disparó, y pidió que la reforma constitucional establezca un tope de 200 para toda la provincia.
Para Ávila, sostener esa estructura es lo que impide recomponer los ingresos de los trabajadores que prestan servicios esenciales. Su planteo une los tres poderes bajo un mismo argumento: achicar los cargos políticos para liberar recursos que permitan mejorar los salarios del sector público.
