Quiere bajar el boleto un 35% y desde Santiago del Estero miran de reojo la movida

El precio del colectivo se volvió uno de los dolores de cabeza más sensibles para las ciudades del interior argentino. Con menos subsidios nacionales, costos operativos en alza y tarifas que no dejan de subir, los municipios quedaron atrapados entre sostener el servicio y no cargar todo el peso sobre el pasajero.

En ese marco, una propuesta del intendente de Córdoba, Daniel Passerini, encendió una discusión que excede su provincia y que en Santiago del Estero y La Banda tiene eco propio: eliminar los impuestos nacionales al combustible para que el boleto baje.

La frase que instaló el debate

Passerini lo dijo durante una entrevista con el streaming La Voz En Vivo: «Si eliminan los impuestos nacionales al combustible, al día siguiente este intendente baja el 35% del valor del boleto».

La declaración es un cuestionamiento directo a la política nacional de subsidios y abre una pregunta que también se hacen en el interior: ¿se puede abaratar el transporte público tocando la carga impositiva y repartiendo los recursos de otra manera?

El reclamo del interior: menos aportes, más costos

El jefe comunal cordobés sostuvo que el actual esquema de financiamiento profundiza la brecha entre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y las ciudades del interior.

Según los datos que expuso, el AMBA recibió en el año alrededor de 460 millones de dólares en compensaciones para el transporte, mientras que las jurisdicciones del interior no obtuvieron aportes equivalentes.

También señaló que, de acuerdo a sus cálculos, el 35% del precio del gasoil corresponde a impuestos nacionales que no vuelven a las ciudades para financiar sus sistemas de colectivos.

En Córdoba, explicó, la tarifa técnica del servicio debería rondar los $3.000 sin el esfuerzo de los gobiernos municipal y provincial, que en conjunto destinan cerca de $10.000 millones por mes para sostener el sistema.

Los números que aportó Passerini dimensionan el problema que enfrentan las administraciones locales. Aunque la propuesta de bajar el boleto un 35% con la eliminación de impuestos al combustible necesita un análisis técnico: el combustible es solo una parte del costo total, que también incluye salarios, mantenimiento, unidades, seguros y otros gastos operativos.

Más allá de esa discusión, el planteo político es nítido: el interior reclama que la Nación asuma una responsabilidad mayor en el sostenimiento del transporte público.

Santiago del Estero y La Banda, en el centro de la escena

La situación tiene una dimensión particular en Santiago del Estero, donde la Capital y La Banda forman un corredor urbano y laboral clave. El Concejo Deliberante de la ciudad aprobó el martes 27 de octubre el aumento del boleto de colectivo urbano, que pasó a costar $1.490. La decisión se tomó en la última sesión de los concejales que terminan su período, en medio del debate por el impacto de la nueva tarifa y la situación del transporte.

Miles de vecinos se mueven a diario entre ambas ciudades por trabajo, estudios, salud, trámites y compras. Cada suba del pasaje suma un gasto extra que se acumula a lo largo del mes, sobre todo en hogares donde dos o más integrantes usan el colectivo.

El efecto no se agota en el precio del boleto: también golpea el presupuesto familiar, la movilidad de los estudiantes y las chances de acceder a un empleo.

Para los municipios el desafío es igual de complejo: garantizar que el servicio siga funcionando, atender a las empresas prestatarias y evitar que los aumentos terminen dejando afuera a los sectores de menores ingresos. Por eso, el reclamo que llega desde Córdoba podría transformarse en un punto de encuentro entre intendentes de distintas provincias, más allá de sus colores políticos.

El federalismo también se juega en el boleto

La discusión por los subsidios al transporte expone un problema de fondo: cómo se distribuyen los recursos nacionales y qué responsabilidades le tocan a cada nivel del Estado.

Durante años, las ciudades del interior reclamaron un trato más equitativo frente a la concentración de fondos en el área metropolitana de Buenos Aires. La quita de subsidios nacionales al transporte automotor urbano del interior trasladó una presión financiera enorme hacia provincias, municipios y, al final de la cadena, a los usuarios.

En Santiago del Estero, esa discusión debería formar parte de una agenda de trabajo entre las autoridades provinciales, los municipios de Capital y La Banda y las empresas de transporte. La meta no debería limitarse a definir cuánto sube el boleto, sino también cómo se financia el sistema, qué participación le corresponde a la Nación y qué alternativas existen para mejorar la prestación.

La propuesta de Passerini suma una variable a considerar: revisar la carga impositiva sobre los insumos esenciales del transporte. Aunque cualquier reducción de impuestos debería venir acompañada de mecanismos que aseguren que el beneficio llegue de verdad al pasajero y no quede absorbido por otros componentes de la estructura de costos.

El debate que buscan llevar al Congreso

El intendente cordobés anunció que participará de una reunión con legisladores nacionales en la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados para pedir cambios en la distribución de recursos. La iniciativa apunta a construir una posición común entre los municipios del interior.

En ese escenario, Santiago del Estero tiene motivos para sumarse activamente, porque las decisiones nacionales sobre subsidios, combustibles y financiamiento impactan de lleno en sus sistemas de transporte. La discusión también involucra a los representantes santiagueños en el Congreso, que pueden impulsar propuestas para una repartición más equilibrada.

No se trata solo de pedir más fondos, sino de fijar reglas claras, previsibles y federales para financiar un servicio esencial.

Una alternativa que exige debate y controles

El planteo de Passerini tiene una virtud política: pone sobre la mesa una alternativa concreta y obliga a discutir la responsabilidad nacional en el precio del transporte. Pero también exige un debate serio sobre su viabilidad económica.

Bajar impuestos al combustible puede ayudar a reducir los costos de operación, aunque no garantiza por sí solo una rebaja equivalente del boleto. Para lograrlo haría falta transparentar las estructuras de costos y acordar compromisos verificables entre el Estado y las empresas prestatarias.

En Santiago del Estero y La Banda, donde el colectivo es indispensable para buena parte de la población, el reto pasa por encontrar un equilibrio entre tarifas accesibles, calidad del servicio y sostenibilidad económica. El transporte público necesita planificación, inversión, controles y una política de financiamiento que no dependa solo de los aumentos.

La experiencia cordobesa muestra que los intendentes empiezan a llevar este reclamo al escenario nacional, donde deberían discutirse las soluciones de fondo. La pregunta que queda para Santiago del Estero es si Capital y La Banda podrán armar una agenda común para defender a sus usuarios y reclamar un esquema de financiamiento más justo.

Porque detrás de cada suba del boleto hay trabajadores que necesitan llegar a sus empleos, estudiantes que deben asistir a clases y familias que hacen cuentas para sostener sus gastos. Y porque el federalismo, además de los discursos, también debería notarse en algo tan cotidiano como el precio que paga un vecino para viajar en colectivo.