¿Quién va a pedirle al juez? El proyecto que podría silenciar videos clave como el de la falsa prima de Sáenz

Un proyecto con media sanción en Diputados de Salta podría impedir que la sociedad conozca casos como el de la falsa prima del gobernador o el del obispo Cargnello. La iniciativa prohíbe a funcionarios difundir imágenes oficiales sin autorización judicial, y ya genera un intenso debate sobre transparencia y control ciudadano.

Si esta ley hubiera estado vigente en 2024, los salteños nunca se habrían enterado de que una mujer intentó influir en un control de tránsito asegurando, falsamente, que era prima del gobernador Gustavo Sáenz. Tampoco habrían visto el video que mostró cómo un agente permitió que monseñor Mario Cargnello continuara circulando sin licencia y tras admitir haber consumido alcohol. En ese caso, la difusión derivó en un sumario administrativo y una investigación interna municipal.

¿Qué busca proteger la norma?

Los impulsores del proyecto argumentan que apunta a resguardar la intimidad, la dignidad y el derecho a la propia imagen. Nadie discute la importancia de esos derechos. El problema es que la norma termina sacrificando otro derecho igualmente constitucional: el acceso a información de evidente interés público.

La mayoría de los procedimientos alcanzados se realizan en espacios públicos: calles, rutas, plazas. Controles de alcoholemia, operativos policiales, inspecciones. No son filmaciones en domicilios privados, sino actos del Estado frente a toda la sociedad.

La pregunta incómoda: ¿quién va al juzgado?

El proyecto establece que las imágenes solo podrán difundirse con autorización judicial. Pero surgen dudas concretas: ¿Quién va a pedir esa autorización? ¿Un policía? ¿Un inspector de tránsito? ¿Un médico? ¿Qué funcionario asumirá ese trámite sabiendo que la propia ley amenaza con sanciones disciplinarias? ¿Y qué juez, con la enorme carga de trabajo que hoy tienen los tribunales, destinará tiempo a un video de un control vehicular?

En los hechos, la autorización judicial previa convierte la difusión en una excepción casi imposible. Burocratiza la información y desalienta que hechos de interés público lleguen a la sociedad. Los antecedentes recientes hablan por sí solos.

Son muchos los casos en que los efectivos recurren a las filmaciones para garantizar su puesto laboral frente a intentos de atropellos o “chapeos” invocando poder político. Si esos registros nunca salían del ámbito administrativo, la sociedad jamás habría conocido esos episodios.

El efecto silencioso sobre las fuentes periodísticas

La discusión también tiene una dimensión constitucional. El artículo 43 de la Constitución Nacional establece que “no podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística”. La Constitución de Salta consagra la misma garantía en su artículo 89. El proyecto no elimina esa protección, pero produce un efecto indirecto grave: si el funcionario sabe que entregar un video puede costarle una sanción disciplinaria, difícilmente decidirá hacerlo. El periodista conserva el derecho de no revelar su fuente, pero cada vez habrá menos fuentes dispuestas a aportar información sobre el Estado.

Los defensores del proyecto sostienen que buscan evitar escraches. Pero el ordenamiento jurídico argentino ya prevé herramientas para esos casos: quien considere vulnerado su honor puede acudir a la Justicia. Lo que resulta difícil de justificar es una prohibición general que termina favoreciendo el silencio antes que la transparencia.

Cuando un procedimiento oficial queda registrado en un video, el verdadero debate no debería ser cómo impedir que la sociedad lo vea. La verdadera discusión debería ser si el Estado actuó correctamente. Y si actuó correctamente, no debería tener nada que ocultar. El Senado ahora debería tomar el tema con seriedad.