Quién abría y cerraba el lubricentro, quién movía millones y quién cayó por su pareja: los 9 nombres de la causa narco

La Justicia federal de Río Gallegos formalizó una investigación por narcotráfico que quedó entrelazada con la causa patrimonial del empresario Lázaro Báez. El expediente, de 31 páginas y firmado por el juez Claudio Vázquez, detalla la función que habría cumplido cada uno de los nueve imputados dentro de una estructura que, según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, se dedicaba a vender estupefacientes y a mover el dinero a través de cuentas bancarias, billeteras virtuales y vehículos, varios de ellos anotados a nombre de terceros.

La acusación alcanza a Cristian Sebastián Ibáñez, Jorge Elías Agustín Agüero, Juan Pablo Bórquez, Jorge Manuel Ulloa, Pedro Nahuel Leal, Paula Makarena Bórquez, José Ariel Silva, Aldo Rubén Herrera y Valentina Micaela Devetac. Son imputaciones en una etapa inicial: la Fiscalía tendrá dos años para investigar.

Los cuatro que la Fiscalía ubica en la conducción

El expediente señala a Agüero, Juan Pablo Bórquez, Ulloa e Ibáñez como los presuntos responsables de los lugares principales de la organización. Sus tareas se repartían entre conseguir y distribuir cocaína, coordinar las operaciones, poner vehículos a disposición y administrar los recursos económicos.

Jorge Elías Agustín Agüero habría compartido con Juan Pablo Bórquez la conducción del circuito de provisión y distribución de cocaína. La Fiscalía lo vincula con desplazamientos y contactos con otros integrantes que habrían sostenido las maniobras. En lo patrimonial se le atribuye la administración de un Ford Focus y una Ford F100, además de vínculos con otros rodados usados por gente de la causa. El juez valoró su intervención relevante en la comercialización y en las conexiones operativas, y le dictó prisión preventiva en una cárcel por 180 días.

Juan Pablo Bórquez también aparece como uno de los que manejaban el circuito de cocaína y, además, se le atribuye un rol en la circulación de dinero por billeteras virtuales. Entre diciembre de 2025 y julio de 2026 sus cuentas registraron ingresos por $203.171.812,23 y egresos por $127.575.705,24, sin respaldo económico formal, según la imputación. Se identificaron 59 transferencias a Paula Makarena Bórquez por $22.329.000. Se le atribuye la administración de un Volkswagen Suran y comunicaciones ligadas a un procedimiento donde se secuestró droga. Quedó con prisión preventiva en un establecimiento penitenciario por 180 días.

Jorge Manuel Ulloa integraba la conducción y aportaba una base operativa: el lubricentro Esperanza Trucks, señalado por la Fiscalía como lugar de recepción, acopio y reuniones. La investigación puso el foco en los movimientos de dinero y vehículos del local, entre ellos una Toyota SW4 que habría comprado por $43 millones y una Volkswagen Amarok que habría administrado. La resolución detalla transferencias recibidas de Aldo Rubén Herrera por $9.143.500 y movimientos con Ibáñez. Para el juez, su función en el establecimiento y sus vínculos económicos justificaron la prisión preventiva por 180 días en una cárcel.

Cristian Sebastián Ibáñez fue señalado como otro de los presuntos conductores. Se le atribuye participación en las reuniones del lubricentro, disponibilidad de vehículos de la organización y aplicación de fondos a bienes de alto valor. Entre las operaciones figuran la compra de una Volkswagen Amarok por $65 millones en agosto de 2025 y de una Ford F150 por $5 millones, además de la administración de una Dodge RAM, una Ford Ranger y un BMW 118i. Habría recibido transferencias de Ulloa y Herrera. En la causa patrimonial vinculada a Báez aparece identificado como operador territorial del entorno del empresario. También quedó con prisión preventiva por 180 días.

Los otros cinco: finanzas, logística y acopio

Pedro Nahuel Leal tenía funciones operativas ligadas a Esperanza Trucks y al acopio de estupefacientes. Su domicilio de Madame Curie 2436, en Río Gallegos, fue allanado el 10 de noviembre de 2026: se secuestraron 725 gramos de cocaína, 1.305 gramos de cannabis y dos balanzas. Se le atribuye la administración de un Volkswagen Gol Trend, un Ford Focus, un Volkswagen Suran y un Volkswagen Gol. Por billeteras virtuales registró ingresos por $84.451.721 y egresos por $69.205.004,71 sin respaldo formal, y habría transferido a Juan Pablo Bórquez, Paula Makarena Bórquez y otras personas de la causa. Prisión preventiva en una cárcel por 180 días.

Paula Makarena Bórquez habría tenido un papel central en la circulación y administración de fondos. Entre el 1° de diciembre de 2025 y el 7 de julio de 2026 administró por billeteras virtuales ingresos por $415.254.149,87 y egresos por $290.471.536,16, sin respaldo económico formal. Se le atribuye la administración de un Fiat 500 y un Ford Focus, y transferencias con Juan Pablo Bórquez, Leal y Ulloa. A diferencia de los cinco que van a la cárcel, el juez le dispuso prisión domiciliaria en un inmueble de Junín 733, en Río Gallegos, con presentación semanal ante la Oficina Judicial y prohibición de contacto con los otros involucrados. La resolución la autoriza a ir a su trabajo y a trasladar a su hija menor a la guardería, con la documentación correspondiente.

José Ariel Silva fue descrito como una persona de confianza del grupo: tenía a su cargo abrir y cerrar el lubricentro y compartía vehículos usados en el circuito. Se le atribuye la administración de un Volkswagen Gol Trend. Su intervención fue considerada de menor intensidad, por lo que el juez no le dictó prisión preventiva: deberá someterse al proceso mediante una promesa de sometimiento y no mantener reuniones ni comunicaciones con los demás imputados.

Aldo Rubén Herrera habría participado en reuniones en Esperanza Trucks y aportado fondos a Ulloa y a Paula Makarena Bórquez con transferencias reiteradas: $10.243.500 a Ulloa y $1.334.500 a Bórquez, según la resolución. Se le atribuye la adquisición y administración de un Toyota Corolla incorporado a su patrimonio en julio de 2025. Al igual que Silva, quedó con promesa de sometimiento y prohibición de contacto con los demás involucrados.

Valentina Micaela Devetac tuvo un tratamiento diferenciado. La Fiscalía no le atribuyó la conducción del circuito ni la venta directa de estupefacientes: su imputación se relaciona con haber facilitado una billetera virtual de Mercado Pago para recibir transferencias de Ibáñez, su pareja. Entre el 2 de diciembre de 2025 y el 24 de octubre de 2026 habría recibido por esa vía $9.670.000. El Ministerio Público sostuvo que su conocimiento sobre el origen de los fondos podría inferirse de la convivencia con Ibáñez, del nivel de vida que llevaban y de la falta de respaldo formal de los movimientos. El juez la consideró presunta partícipe secundaria de las maniobras patrimoniales y la sometió al proceso con una promesa de cumplimiento y prohibición de contacto.

Los tres hechos de narcotráfico que se investigan

La resolución reproduce tres episodios atribuidos a ocho de los nueve imputados: Agüero, Juan Pablo Bórquez, Ibáñez, Leal, Paula Makarena Bórquez, Ulloa, Silva y Herrera. Devetac aparece solo en las maniobras patrimoniales.

El primero es la presunta comercialización de 66,43 gramos de clorhidrato de cocaína a Gonzalo Agustín García Bistritsky, sustancia hallada el 22 de diciembre de 2025 durante un allanamiento en un domicilio de la calle Héctor Fadúl al 455, en Río Gallegos.

El segundo involucra otros 439,88 gramos de cocaína que se habrían vendido a Carlos Mauricio Audicio. La sustancia apareció el 9 de abril de 2026 durante una inspección en su domicilio de Pionero Joaquín González al 515, luego de que se encontrara allí su cuerpo sin vida.

El tercero es el hallazgo de 1.305 gramos de cannabis y 725 gramos de cocaína en la vivienda de Leal, en el allanamiento del 10 de noviembre de 2026. A eso se suman las maniobras patrimoniales que, según la hipótesis fiscal, permitían administrar y movilizar fondos por cuentas bancarias, billeteras virtuales y vehículos.

Prisión preventiva, embargos y plazo de investigación

El juez Claudio Marcelo Vázquez dispuso prisión preventiva por 180 días en un establecimiento penitenciario para Agüero, Juan Pablo Bórquez, Ulloa, Ibáñez y Leal. Para Paula Makarena Bórquez fijó prisión domiciliaria, mientras que Silva, Herrera y Devetac quedaron con medidas alternativas y prohibición de contacto con los demás involucrados.

La resolución también ordenó el secuestro y embargo preventivo de 18 vehículos vinculados a los imputados, entre ellos camionetas Volkswagen Amarok, Toyota SW4, Dodge RAM y Ford Ranger, además de autos de distintas marcas. Varios estaban registrados a nombre de terceras personas.

Además, autorizó la extracción y preservación de datos de los dispositivos electrónicos secuestrados y amplió el levantamiento del secreto bancario y financiero de los nueve imputados desde el 1° de enero de 2025 hasta el final de la investigación preparatoria.

El plazo de investigación quedó en dos años desde la formalización del 12 de noviembre de 2026. La causa mantiene su declaración de complejidad, dispuesta el 4 de agosto de ese año.

La calificación legal comunicada por la Fiscalía comprende, de manera provisoria, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, comercialización agravada por la intervención de tres o más personas, asociación ilícita y lavado de activos. La investigación sigue para determinar el alcance de las maniobras, el origen de los fondos y la responsabilidad que pudiera corresponder a cada imputado.