Querían construir una terminal pero ya funcionaba hace 50 años: la Provincia busca recuperar la plata
¿Sabías que la Provincia pagó por un terreno donde ya funcionaba la terminal? Los detalles de un insólito caso de expropiación en San Pedro de Colalao.
El Gobierno de Tucumán descubrió que pagó una indemnización por un terreno donde ya había una terminal de ómnibus desde hacía más de cinco décadas. Ahora inició los trámites para recuperar los fondos.
La medida se oficializó a través del Decreto N° 1193/1, firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro Regino Amado. La norma autoriza a la Dirección Judicial de Fiscalía de Estado a desistir del juicio de expropiación y gestionar la restitución del dinero depositado como indemnización.
¿Qué pasó con la expropiación?
Todo arrancó en agosto de 2020, cuando la Legislatura sancionó la Ley N° 9.289, que declaró de utilidad pública un inmueble en San Pedro de Colalao, departamento Trancas, padrón N° 99.530. El objetivo era transferirlo a la comuna para construir una terminal de ómnibus.
La Provincia demandó al Club Social San Pedro de Colalao Cooperativa Familiar Limitada (o a quien resultara propietario) y depositó la indemnización. Pero al avanzar el trámite, aparecieron las primeras señales de alerta.
Irregularidades en el expediente
El Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual informó que la cooperativa demandada tenía los mandatos de sus autoridades vencidos y su autorización para funcionar suspendida por el INAES. Es decir, la entidad no tenía existencia legal vigente.
Cuando las autoridades intentaron tomar posesión del inmueble, la propia Comuna de San Pedro de Colalao les informó que la terminal de ómnibus y la sede comunal funcionaban allí desde hacía aproximadamente 50 años.
Decisión final: desistir y recuperar la plata
La Dirección Judicial de Fiscalía de Estado concluyó que el objetivo de la ley ya estaba cumplido y que no existía un sujeto expropiado válido. El decreto sostiene que nunca hubo una verdadera desposesión del inmueble, requisito esencial para una expropiación.
Con el Dictamen Fiscal N° 823 del 21 de mayo de 2026, el Poder Ejecutivo autorizó a Fiscalía de Estado a desistir del expediente N° 3.414/22 (Juzgado Civil y Comercial Común de la VIII Nominación) y a recuperar el dinero depositado. Aunque el monto no se detalla, la decisión busca evitar que recursos públicos queden inmovilizados en un proceso sin objeto.
