Quería un cargo en la UNSJ y presentó 33 certificados falsos: el detalle que la delató

Lo que arrancó como un concurso interno para cubrir un puesto administrativo en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) terminó con una condena para una trabajadora no docente. Marcela Ivana Díaz reconoció haber falsificado 33 certificados de capacitación para sumar antecedentes y mejorar su chance de quedarse con el cargo de Directora Administrativa de la Facultad de Ciencias Sociales.

La maniobra salió a la luz cuando otra empleada que competía por el mismo puesto revisó la documentación y detectó inconsistencias. Entre las irregularidades aparecían certificados de cursos realizados varios años antes, fechas de emisión que no coincidían con la convocatoria y una carga de 300 horas de formación concentradas en un solo año.

Pero hubo un detalle que terminó siendo clave: la escritura de los documentos era similar a la caligrafía de la propia postulante. Esa similitud fue determinante para que la competidora impugnara la documentación.

La investigación interna y la intervención de la Justicia

A partir de la impugnación, la universidad abrió una investigación que después derivó en la Justicia. La Dirección de Asuntos Legales de la UNSJ se presentó como querellante en la causa.

Según la acusación fiscal, la trabajadora habría confeccionado los certificados para incrementar de manera irregular su puntaje en el concurso. El fiscal sostuvo que la imputada "confeccionó certificados con contenido y firmas falsos en relación a cursos de capacitación efectuados". La finalidad, según la acusación, era "obtener un beneficio personal" mediante el incremento ilícito de sus antecedentes.

La propia UNSJ aportó un informe que fue clave: varios de los cursos que figuraban en los certificados estaban destinados exclusivamente a profesionales y/o docentes, mientras que Díaz se desempeñaba como personal administrativo. Desde la institución remarcaron que el informe fue determinante al expresar que los certificados presentados para el concurso estaban destinados a profesionales y/o docentes exclusivamente.

Peritajes y firmas desconocidas

Con la investigación en marcha, Gendarmería Nacional realizó peritajes sobre los diplomas originales y detectó coincidencias escriturales que despertaron sospechas sobre su confección. Además, las autoridades y exautoridades cuyos nombres aparecían en los certificados desconocieron categóricamente las firmas que figuraban en los documentos.

El conjunto de esas pruebas permitió avanzar con la acusación contra la trabajadora, quien finalmente decidió reconocer su responsabilidad.

Juicio abreviado y condena

El proceso no llegó a juicio oral. La defensa de la imputada acordó un juicio abreviado, en el que la trabajadora reconoció los hechos atribuidos. El acuerdo fue presentado ante la Justicia y homologado por la jueza interviniente, que impuso una pena de un año de prisión en suspenso.