Quedó con el 70% de incapacidad y el Gobierno le reconoció una indemnización

Una oficial inspectora de la Policía de Mendoza padeció lesiones mientras realizaba un servicio extraordinario en 2014. Las secuelas le dejaron una incapacidad del 70% y debió retirarse de la fuerza. Ahora, más de una década después, el Ejecutivo provincial le reconoció el derecho a cobrar una indemnización, aunque le negó otro beneficio que ella había solicitado.

La decisión quedó formalizada en el Decreto 1676, difundido este viernes 23 de octubre en el Boletín Oficial. La mujer, cuyas iniciales son J.J.R.F., había encadenado presentaciones administrativas para que se le reconociera económicamente el daño sufrido en cumplimiento de sus tareas.

El hecho que cambió su carrera

El episodio que derivó en todo esto se produjo el 15 de julio de 2014, cuando la agente cumplía servicios extraordinarios de seguridad. Según el documento oficial, las consecuencias sobre su salud le exigieron numerosos períodos de licencia médica en los años siguientes.

En 2021, el Ministerio de Seguridad aceptó que las lesiones se habían producido en acto de servicio. Esa calificación se amplió al año siguiente mediante una resolución. Luego, los organismos médicos previsionales la evaluaron y determinaron una incapacidad del 70%. Como resultado, el 6 de marzo de 2026 se ordenó su retiro obligatorio de la fuerza policial.

El reclamo y la respuesta oficial

Frente a ese escenario, la mujer reclamó el pago del subsidio previsto en el artículo 304 de la Ley 6722. Pero el Ministerio de Seguridad y Justicia rechazó su pedido. La agente apeló esa decisión y puso en tela de juicio, entre otras cosas, la evaluación médica realizada y el modo en que se trataron las pruebas que había presentado.

Finalmente, el Gobierno provincial resolvió admitir parcialmente su reclamo. De acuerdo con los argumentos del decreto, los dictámenes médicos no establecieron que la incapacidad fuera total y permanente tanto para la actividad policial como para la civil, un requisito que se considera indispensable para acceder al subsidio solicitado.

Sin embargo, el Ejecutivo reconoció su derecho a percibir una indemnización por incapacidad originada en acto de servicio, conforme a los artículos 308 y 309 de la misma ley.

La resolución lleva la firma de Alfredo Cornejo y de la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus. En ella se ordena a las áreas administrativas correspondientes gestionar los recursos presupuestarios para hacer frente al pago. El decreto no fija el monto de la indemnización y deja abierta la posibilidad de que la exagente cuestione la decisión ante la Justicia mediante una acción procesal administrativa.